CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Solway Investment Group, una empresa minera con sede en Suiza y con intereses en Guatemala, dijo el lunes que estaba de acuerdo con el fallo de un tribunal regional que exige que el gobierno guatemalteco reconozca los derechos de propiedad de una comunidad indígena.

La empresa, que no es parte en el caso, destacó que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada el viernes “no cubre el derecho de la empresa a realizar operaciones mineras en zonas fuera de las tierras de Agua Caliente”. comunidad».

La delimitación de estas tierras será parte del proceso para que el gobierno guatemalteco cumpla con la decisión judicial, dijo este lunes Carlos Pop, uno de los abogados que representa a la comunidad.

El viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Guatemala violó los derechos del pueblo indígena Q'eqchi' a la propiedad y a la consulta al permitir la minería en tierras donde los miembros de la comunidad han vivido desde al menos el siglo XIX.

El tribunal ordenó a Guatemala adoptar nuevas leyes que reconocieran la propiedad indígena y le dio al gobierno seis meses para comenzar a otorgar un título de propiedad a la comunidad de Agua Caliente.

Hasta el lunes, las autoridades guatemaltecas no habían hecho comentarios más allá de decir que revisarían de cerca la decisión del tribunal.

La disputa por la tierra comenzó años antes de que Solway comprara las dos empresas locales en 2011. La empresa dijo que no había explorado activamente el área en disputa, aunque Pop dijo que allí se habían realizado exploraciones con propietarios anteriores.

“Solway ayudará y cooperará con el gobierno de Guatemala para lograr justicia para los pueblos indígenas cuyos derechos fueron considerados vulnerados por la Corte”, dijo la empresa en un comunicado. “Apoyaremos los esfuerzos del gobierno guatemalteco para llevar a cabo conversaciones con la comunidad de Agua Caliente, como lo estipula la decisión judicial”.

Solway también dijo que espera reanudar pronto la producción en la mina de níquel después de que el Tesoro de Estados Unidos levantara las sanciones contra sus subsidiarias locales en Guatemala a fines de septiembre.

Las sanciones, sin relación con el caso judicial, fueron impuestas contra las empresas y dos de sus empleados el año pasado por supuestamente sobornar a jueces, políticos y funcionarios locales, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Los empleados fueron despedidos y Solway dijo que había implementado reformas destinadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

“Tenemos la esperanza de que ahora que la OFAC ha emitido una licencia de un año a Solway, el gobierno guatemalteco aceptará volver a emitir las licencias de exportación de inmediato. Esto permitiría a las minas de níquel de las compañías guatemaltecas de Solway renovar sus suministros a Estados Unidos y a otros clientes que necesitan este valioso níquel para baterías de automóviles eléctricos y otros usos de energía limpia”, dijo Lanny J. Davis, abogado de Washington D.C. que representa a Solway.

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