Fiscales guatemaltecos solicitan privar de inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Fiscalía General de Guatemala solicitó formalmente el viernes que se retire la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo y a otras personas para poder investigarlos por supuestamente alentar la ocupación estudiantil de la única universidad pública del país.
El fiscal de Patrimonio Cultural, Ángel Saúl Sánchez, anunció el jueves que planeaba hacer la solicitud mientras agentes federales ejecutaban órdenes de cateo e intentaban detener a decenas de miembros del partido Movimiento Semilla de Arévalo.
Este anuncio generó oleadas de críticas dentro y fuera de Guatemala.
Sánchez solicitó formalmente el levantamiento de la inmunidad de Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, tres legisladores y un diputado electo del Movimiento Sementes. Quitarles la inmunidad permite a los fiscales realizar una investigación formal.
Entre los delitos que los fiscales planean perseguir contra Arévalo y otros en el nuevo caso están la explotación de bienes culturales, tráfico de influencias y asociación ilícita.
En abril de 2022, estudiantes tomaron la Universidad de San Carlos, la única universidad pública de Guatemala, tras lo que consideraron la elección fraudulenta del nuevo rector de la escuela, Walter Mazariegos. Dijeron que durante las votaciones de estudiantes, docentes y administrativos, Mazariegos solo permitió votar por él a quienes votaron por él.
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Mazariegos por sofocar procesos democráticos y asumir el cargo de decano tras lo que calificó de un proceso fraudulento.
Los estudiantes no se dieron por vencidos hasta junio de este año.
A principios de este año, cuando Arévalo supuestamente publicó palabras de aliento y apoyo a los estudiantes que protestaban en las redes sociales, ni siquiera estaba en la conversación sobre la carrera presidencial guatemalteca.
El anuncio del jueves fue condenado por el gobierno de Estados Unidos, el secretario general de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros observadores internacionales.
La solicitud del Fiscal General fue realizada al poder judicial guatemalteco, pero no estaba claro hacia dónde se canalizaría. Normalmente, la Corte Suprema se pronuncia sobre las solicitudes para retirar la inmunidad a los funcionarios electos.
Pero el abogado constitucionalista Alejandro Balsells dijo que en este caso no está claro por qué no parece haber un precedente en Guatemala de un presidente electo.
“Es una situación única, nunca antes había sucedido. La ley no dice quién escuchará (la solicitud)”, dijo Balsells. “Además, como es (diputado federal) y presidente electo, está por ver si tiene derecho a dos audiencias, porque tiene doble inmunidad”.
Fue sólo la última salva legal contra Arévalo, un cruzado anticorrupción que conmocionó a la nación al ganar las elecciones presidenciales en agosto. Los observadores dicen que esto es un intento de impedir que Arévalo tome el poder en enero y así proteger a la élite política y económica corrupta de Guatemala.
La fiscal general Consuelo Porras y el presidente saliente Alejandro Giammattei negaron motivaciones políticas.
Desde que Arévalo ganó un escaño en la segunda vuelta de agosto, los fiscales han perseguido a su partido por acusaciones de irregularidades en la recolección de las firmas necesarias para el registro años antes. Un juez suspendió la fiesta a petición de los fiscales.
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