La Corte Suprema de Guatemala ordenó este martes la liberación de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien fue condenada en diciembre de 2022 a cuatro años de prisión por abuso de autoridad en un juicio criticado por la comunidad internacional.

La sala penal del tribunal ordenó «cesar la prisión preventiva de los imputados», en una decisión publicada por la prensa y confirmada a la AFP por los abogados de Laparra.

La decisión tuvo en cuenta que Laparra ya había cumplido casi la mitad de su pena de prisión, pues estuvo encarcelada durante 10 meses antes de cumplir su sentencia el 16 de diciembre del año pasado.

La sala ordenó al tribunal aceptar la decisión en un plazo de cinco días.

Laparra, de 43 años, era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la región de Quetzaltenango cuando fue arrestada en febrero de 2022 como parte de una aparente venganza por sus esfuerzos anticorrupción.

Fue declarada culpable de “abuso de autoridad” y recibió una pena conmutable de cuatro años.

Según la ley guatemalteca, podía pagar una multa y reducir su sentencia, pero sólo cuando la sentencia fuera firme.

Su condena fue criticada por Estados Unidos, la Unión Europea, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.

Laparra enfrenta un segundo juicio en Quetzaltenango por presunta revelación de información confidencial, pero no hay fecha de inicio ya que la fiscalía intenta reemplazar al juez responsable del caso, quien le concedió arresto domiciliario en julio.

Pese a esta orden, el exfiscal permaneció recluido en un cuartel militar de la capital.

Laparra fue uno de varios exfiscales arrestados que investigaron casos de corrupción.

La cruzada contra ellos fue liderada por la fiscal general Consuelo Porras, quien fue sancionada en 2021 por Estados Unidos, que la incluyó en una lista de actores “corruptos” y “antidemocráticos” de Centroamérica.

La Fiscalía General de Guatemala es acusada por Washington de “socavar” la democracia debido a una investigación sobre presuntas ilegalidades en las elecciones de agosto ganadas por el candidato opositor Bernardo Arévalo, de 65 años, y acciones legales contra el presidente electo.

Las acciones de Porras son vistas como un intento de impedir que Arévalo, quien obtuvo una sorpresiva victoria con una plataforma anticorrupción, asuma el poder el 14 de enero.

Guatemala ocupa el puesto 30 entre 180 países según Transparencia Internacional, que clasifica desde las naciones más hasta las menos corruptas.

hma/cjc/mtp/dva