30 años de barbarie duraron en las ciudades de Montes de María | EL UNIVERSAL

AA través de un foro virtual, se supo que, durante treinta años, los pueblos de la subregión caribeña de los Montes de María sufrieron guerrillas, paramilitares, narcotráfico y, en ocasiones, violencia de las fuerzas. de Estado.

En el estudio, titulado “Montes de María bajo fuego”, se indica que en los últimos 30 años, la violencia en esta región del país ha causado más de 158,000 víctimas de desplazamiento masivo.

El informe, producido por el “Consejo de Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES), reveló varias tesis sobre el conflicto armado, la violencia, los actores y los impactos en la región.

“Este es un documento creado a partir de las víctimas, con el único propósito de contribuir a la verdad y a su reparación. Por esta razón, lo entregamos a la Comisión de Aclaración de la Verdad “, dijo Marco Romero Silva, director de CODHES.

El documento detalla cómo la violencia en Montes de María se ha utilizado como un recurso para mantener y profundizar la concentración de la tierra y dar paso a la industrialización del campo.

En el informe, las organizaciones sociales explican cómo comenzaron las masacres y el desplazamiento forzado de campesinos, que, con la Guerra de las Farc y el narcotráfico, dejaron más de 158,000 víctimas y más de 82,600 hectáreas abandonadas.

Una de las conclusiones fue el impacto de los cambios políticos y sociales en los acuerdos de paz de principios de la década de 1990 y la violenta persecución de exguerrilleros y exmilitares, principalmente el EPL.

Incidencia de las FARC

El análisis se enfoca en establecer la verdadera incidencia de las Farc en la región, una guerrilla que logró consolidarse militarmente entre 1987 y 2007, que violó a los campesinos ricos que tenían sus dominios en las áreas planas adyacentes a las montañas. , con la excusa de que apoyaban el paramilitarismo. Atacaron notablemente a ciertas familias como Meza, Méndez y Teherán.

A mediados de la década de 1990, las FARC aumentaron su actividad militar y se les asignaron 13 cantones en la región; y, años más tarde, alrededor de 2001, demolieron 50 torres eléctricas y pelearon más de 40 batallas con los militares.

Finalmente, el grupo insurgente fue derrotado con la muerte de su comandante Martín Caballero.

cumplimiento de la ley

El documento también detalla cómo el conflicto en Montes de María se volvió más complejo con la intervención de paramilitares y sus acciones bajo la protección de las cooperativas de seguridad privada Convivir, hasta que se convirtió en una barbarie generalizada contra los campesinos, líderes sociales y políticos alternativos.

Entre 1996 y 2001, los paramilitares llevaron a cabo más de 70 masacres contra campesinos, a quienes consideraban presuntos partidarios de la guerrilla o que se encontraban en zonas de tránsito alucinógenas. En este caso, para no tener testigos de su narcotráfico.

Siete de estas masacres tuvieron lugar en zonas urbanas y las 64 restantes en zonas rurales. Hubo masacres en todos los municipios, pero los más afectados fueron El Carmen de Bolívar, con 18; Ovejas, con 7; San Onofre, con 6; San Jacinto, con 6; y Maríalabaja, 6.

Paralelamente a estos actos criminales, los paramilitares se aliaron con instituciones estatales, así como con clanes familiares representativos de las élites gobernantes en la región y vinculados al narcotráfico, dando lugar a una especie de estado mafioso.

negligencia del estado

El informe critica al Estado por no haber cumplido su misión de protección y garantía hacia la población campesina. Por el contrario, tenía responsabilidades directas, por acción u omisión, frente a la campaña violenta.

A pesar de esto, el estudio concluye que las comunidades de Montemaria están reconstruyendo sus sueños, porque parte del campesinado ha regresado incluso sin las garantías requeridas, han surgido movimientos sociales para exigir la paz y los derechos de las víctimas de un Fuerza especial. Y mas y mas.

Los ciudadanos rechazan la dinámica de la arbitrariedad, de recurrir a la violencia y la guerra, y se inclinan a buscar alternativas que permitan redescubrir una institucionalidad garante y el ejercicio de sus derechos y la convivencia pacífica.

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