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Yerno del presidente involucrado en red de tráfico de influencias

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) desarticularon una red de tráfico de influencias, que era liderada y coordinada por César Augusto Medina Farfán y que involucraba a altos ex funcionarios públicos del actual Gobierno y a particulares.

Las actividades ilícitas del llamado Caso Redes, denominado así ya que se documentaron tres hechos concretos donde entró a operar la estructura desarticulada, iban “en detrimento del correcto funcionamiento de la administración pública y del patrimonio estatal”. Así lo dio a conocer la CICIG y el MP durante una conferencia de prensa.

 

Primer caso

En uno de los tres casos está involucrado Gustavo Adolfo Martínez Luna, ex secretario General de la Presidencia y yerno del mandatario Otto Pérez Molina; el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Ramón Rodas Solares, y el gerente general de una empresa dueña de una planta de generación eléctrica que aún está en construcción.

Según la investigación, Martínez Luna, aprovechándose de su posición y cercanía con el presidente de la República Otto Pérez Molina, instalaba en la agenda del mandatario reuniones urgentes, de la empresa dedicada a la generación eléctrica, a cambio de un soborno. Se documentó un pago de US$120 mil al yerno de Pérez Molina, por estas acciones.

Ambos exfuncionarios fueron capturados y puestos a disposición del sistema de justicia. Martínez Luna es sindicado de asociación ilícita y tráfico de influencias, y Rodas Solares por asociación ilícita.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG, aseguró que la empresa no recibió ningún beneficio de Pérez Molina.

Segundo caso

El un segundo caso documentado, Carlos Muñoz, en ese entonces superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), actualmente en prisión preventiva y ligado al caso la Línea, contacta a Medina Farfán para que le ayudara a resolver un proceso penal en su contra, por los delitos de estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude.

Debido a ello, Medina Farfán contacta la abogada Sandra Elizabeth Vargas Aldana para que le ayude a resolver la situación de Muñoz. Al final, el juez José Patán Pichité desestima el caso, a cambio de dos puestos en la SAT para dos cuñados desempleados. Según se informó, el MP presentó una solicitud de antejuicio contra el juez Patán Pichité.

 

Tercer caso

En el tercer caso se documentó negociaciones entre Medina Farfán y ejecutivos de una empresa dedicada a la importación, distribución y venta de gas propano, para que les ayudara con la creación de un depósito aduanero privado cerca de Puerto Quetzal, que incluía el pago de una póliza por US$5 millones, el cual fue modificado y rebajado anómalamente a Q5 millones de quetzales (aproximadamente 650 mil dólares).

En este caso, Medida Farfán fue asesorado por Filadelfo Reyes y Lucrecia Roca Morales, siendo capturados estos dos últimos

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