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Sala protege a Arzú; se le mantiene inmunidad al alcalde capitalino

La Sala Tercera de de Apelaciones del Ramo Penal resolvió no levantar la inmunidad al alcalde capitalino Álvaro Arzú, quien no podrá ser investigado sobre los pagos que la Municipalidad hizo para financiar la campaña electoral del jefe edil, ni el uso de plazas fantasmas.  El Ministerio Público apelará la resolución de los magistrados.

En su exposición de motivos para proteger al alcalde, los magistrados leyeron las argumentaciones sobre las las pesquisas realizadas por la jueza Judith Secaida quien recomendó que se le mantuviera la inmunidad al funcionario edil, casi todas enfocadas en solicitar información a la propia Municipalidad.  Se les dio validez a las versiones y documentación proporcionada por de funcionarios municipales, no así a las pruebas presentadas por el MP y la CICIG.

Tampoco se le dio validez al testimonio de la quien fuera pareja de Byron Lima, Alejandra Reyes Ochoa, quien en calidad de colaboradora eficaz, proporcionó detalles sobre todos los hechos que se le han imputado al jefe edil.  En una larga exposición, los magistrados pusieron énfasis en los argumentos a favor del alcalde Arzú para rebatir las acusaciones del MP y la CICIG.

Los magistrados llegan a calificar como una acusación “espuria” y que no tiene “razonabilidad suficiente que involucre al denunciado”.  Según ellos, el alcalde Arzú no tuvo conocimiento “directamente” de los hechos que se le imputan, y por lo tanto “no hay características de delito”, razón por la cual rechazaron la petición de antejuicio.

 

El pasado 5 de octubre, la fiscalía y la Comisión de la ONU contra la impunidad enGuatemala (Cicig) solicitaron quitar la inmunidad a Arzú al considerar que había incurrido en delitos de peculado y sustracción para financiamiento electoral ilícito.

Arzú ha sido cinco veces alcalde de Ciudad de Guatemala, los últimos tres periodos de forma consecutiva.

La resolución ratifica el fallo de la jueza Judith Secaida, quien en febrero pasado señaló que Arzú debía conservar la inmunidad porque “no era viable la formación de causa”.

De acuerdo con la solicitud para retirar la inmunidad, Arzú entre 2013 y 2015 recibió bienes y servicios de una empresa para su campaña política, pero eran pagados con fondos municipales.

La empresa era propiedad del capitán retirado Byron Lima, asesinado el 18 de julio de 2016 durante un motín en la cárcel en la que estaba detenido.  Lima fue miembro del Estado Mayor de la Presidencia durante el gobierno de Arzú y fue condenado por el asesinato del obispo Juan Gerardi (1998), cuando fue ubicado en la escena del crimen, supuestamente por intereses “superiores” en dicho crimen.

Una de las implicaciones que hizo la “colaboradora eficaz”, la señora Reyes Ochoa, apunta a que pudiera haber existido un encubrimiento oficial en torno al crimen, supuestamente dirigido por el propio gobernante, por haber podido estar involucrado uno de sus hijos, extremo que no se ha podido demostrar ni siquiera se ha planteado como una hipótesis judicial.

Los argumentos de la Sala se limitaron, sobre todo, a decir que el alcalde Arzú era una especie de personaje “fantasma” en todos los delitos que se le imputan, ya que no hay pruebas físicas –documentales– que lo incriminen.

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