Politica

“LA CONTRALORÍA TAMBIÉN DEBE REFUNDARSE”

Carlos Melgar

Investigador.  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)

En el 2014, la Contraloría General de Cuentas (CGC) recibió un total de 23,554 declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y empleados públicos de las diferentes instituciones, de las cuales solo se analizaron 6,834. Como resultado, se realizaron 110 investigaciones para establecer variaciones, pero nadie conoce los resultados. Esta es una muestra de la inoperancia de esa institución, manifiesta el investigador Carlos Melgar.

Estuardo Gasparico M.

egasparico@cronica.com.gt

¿Cuál es el papel que debería desempeñar la CGC en el combate a la corrupción, y cómo lo ha hecho?

Dentro de las responsabilidades del sector público se encuentra que el manejo de los recursos debe relizarse con transparencia; y la Contraloría existe precisamente para fiscalizar el gasto y combatir la corrupción, pero no se le ha exigido mucho y, por lo tanto, siempre llega tarde a la fiesta; es decir, cuando los delitos ya se han cometido.

 

¿A qué se debe esta situación?

Han existido muchos factores, pero uno de los principales es la forma como se elige al Contralor, por medio de comisiones de postulación, que pactan designaciones para asegurar impunidad a partes interesadas. Otro problema está en el modelo o patrón de fiscalización, pues los delegados nunca se dan cuenta de lo que está sucediendo, antes de que se pierda el dinero. Sería necesario investigar a la gente que ha trabajado ahí.

 

En un mundo ideal, ¿cuál debió ser la función de la Contraloría antes, durante y después del descubrimiento de las redes de corrupción estatal?

Si la Contraloría cumpliera sus funciones, esto no habría pasado. El asunto es que nunca funcionan los controles de probidad de los funcionarios, la revisión de la calidad del gasto ni la evaluación de los resultados. Respecto a la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) y las aduanas, nunca se sabe qué ha pasado con las intervenciones ni con el trabajo cotidiano de fiscalización (ahí se supone que hay delegados permanentes). Veamos otro ejemplo: se aplican auditorías a instituciones, pero solo a una parte muy pequeña y a partir de montos que llaman la atención. También se exigen delcaraciones de probidad a miles de funcionarios, pero nadie las revisa. Entonces, el problema es de procedimientos que no dan resultados visibles.

 

¿La Contraloría es un “perro sin dientes”?

No, porque a partir del Decreto Núm. 13-2013 fue modificada su ley orgánica, para darle más poder, cuenta con más recursos para trabajar, ya puede fiscalizar fideicomisos, dispone de mecanismos o sistemas de alerta temprana para detectar enriquecimiento ilícito y otros delitos. Lo que sucede es que, al parecer, no hay voluntad. Entonces es una institución que también debe refundarse, y los cambios tienen que comenzar por la cabeza.

 

¿Podrían los funcionarios estar cometiendo delitos al no cumplir con sus funciones?

Definitivamente. Ahí podríamos estar hablando de incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, abuso de autoridad, posible complicidad de empleados, funcionarios con redes delictivas (podría haber una estructura paralela), etc. Otro problema es que existen bloqueos institucionales.

 

¿Cómo así?

Por ejemplo, la Contraloría detecta enriquecimiento ilícito y pide información a la Superintendencia de Bancos, pero esta se la niega amparándose en el secreto bancario y exige una orden de juez. Pero ningún juzgador la emite, si el Ministerio Público no fundamenta su solicitud, para lo que a veces, se necesita información de la SAT; pero esta no la da, pues la ley le prohíbe divulgar datos de los contribuyentes. Y así podría citar muchos otros casos.

Melgar: “La CICIG podría investigar la posible existencia de estructuras paralelas en la CGC”.

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