Politica

Integración de la CC entre sombras y luces

El proceso de selección de integración de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) terminó y, contrario a lo que se esperaba, el Organismo Ejecutivo, una de las cinco instituciones que seleccionan magistrados titulares y suplentes, nunca transparentó el proceso de selección. A partir de ahora, el reto de la nueva Corte es desligarse de los sectores que los eligieron y desempeñar el cargo con independencia.

Por Sergio Del Águila

sdelaguila@crónica.com.gt

La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), que tomará posesión el próximo 14 de abril, está marcada por sombras y luces en el proceso de selección. La gran mancha al proceso es, sin lugar dudas, la falta de transparencia y la forma secreta con que llevó a cabo el proceso de selección el presidente Jimmy Morales y que impidió la fiscalización y la auditoría social sobre la idoneidad y capacidad de los candidatos.

A pesar de que diversas organizaciones sociales demandaron al Ejecutivo que se hiciera público el proceso y de que la transparencia fue uno de los ofrecimientos de campaña del gobernante, la selección estuvo marcada por la opacidad.

Al final, la seleccionada por Morales fue la exjueza Dina Ochoa sobre quien pesa la sospecha de falta de idoneidad. La exjuzgadora fue señala por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el informe Jueces de la impunidad dado a conocer en 2012, de actuaciones judiciales irregulares.

DINA OCHOA

Dichas acciones anómalas ocurrieron, según la CICIG, cuando se desempañaba como titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y conocía un proceso judicial por el atentado contra Rafael Castillo Gándara y por el cual se había promovido un antejuicio contra el entonces fiscal general, Carlos David de León Argueta.

La solicitud fue recibida por la Jueza, quien en un primer momento se inhibió y conforme lo estipulado en la ley de antejuicio, ordenó que se remitiera a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, unos días después, el 30 de septiembre de 2003, la Jueza resolvió dejar sin valor y efecto jurídico su propia resolución anterior, ordenando que dichas actuaciones fueran remitidas al Ministerio Público a efecto de que dicho órgano establezca la viabilidad de la persecución penal contra el Fiscal General de la República, no obstante, el sujeto del antejuicio era el propio Fiscal General, es decir, le estaba pidiendo que conociera su propio antejuicio, se indica en el informe presentado por la CICIG.

Debido a lo anterior, el padre de Castillo Gándara promovió contra Ochoa dos antejuicios por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato, retardo malicioso y denegación de justicia. El proceso fue suspendido luego de que la Corte de Constitucionalidad otorgara amparo provisional a favor de la Jueza, indica el informe de la CICIG.

Morales salió al pasado de las críticas a la selección de la exjuzgadora, y mostró dos cartas de la CICIG en donde se indica que la Comisión no tiene expediente abierto contra Ochoa por los hechos proferidos en el informe Jueces de la impunidad y tampoco por otros hechos. En la otra misiva se indica que la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar la petición de antejuicio, porque consideró que no hubo delito y que el querellante tampoco aportó elementos pertinentes que tiendan a demostrar los hechos denunciados.

El resto de magistrados electos

Quienes sí transparentaron sus procesos, aunque, al final, en algunos casos la selección también fue polémica y cuestionada, fueron el Colegio de Abogados y Notarios (Cang) quien eligió como magistrado titular a Bonerge Mejía; el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac, a Francisco de Mata Vela; la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Neftaly Aldana Herrera y el Congreso de la República reeligió a Gloria Porras.

El analista político, Renzo Rosal, advierte que en la nueva CC se caracteriza por tener magistrados cuestionados, salvo el caso de la elección de la magistrada suplente por el Colegio de Abogados, María Cristina Fernández, tres o cuatro de los electos tienen un perfil bastante cuestionado.

A su juicio, aunque se haya cumplido con la transparencia y publicidad en el proceso, eso no significa cambio en el contenido. Ahora fueron más transparentes, hicieron uso formal de los postulados de la Ley de Comisiones de Postulación pero los resultados son desfavorables para el país.

Guatemala Visible, en voz de Marielos Fuentes, reconoce que en este proceso se avanzó, comparado con hace cinco años y de manera general hubo más apertura; se vieron perfiles, se abrieron los expedientes para que se conocieran a los postulantes. También se registraron las convocatorias tempranas en la CSJ, el Congreso y en el CANG donde hubo una mejor participación de la base de abogados.

Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, la gran mancha en el proceso es la secretividad del presidente Morales, porque se puede criticar a la Usac, a la CSJ y al Congreso, pero allí fueron los principios de publicidad y propaganda los que permitieron ver cuáles eran los candidatos de cada uno.

Los retos y desafíos

cc

En medio de publicidad y transparencia o del secretismo y la opacidad, el caso es que ahora ya hay cinco magistrados titulares y cinco suplentes electos para la CC, que tienen ante sí un periodo de cinco años donde se van a conducir según su norte de vida, o van a responder a las fuerzas políticas partidarias, gremiales y académicas que los eligieron o van a cumplir con el mandato constitucional que es la razón de su elección: la defensa del orden constitucional.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los electos tienen que romper todos los lazos y relaciones con los sectores que los eligieron y desempeñar el cargo  con independencia respecto de quienes los designaron, porque si no lo hacen, se pierde otra gran oportunidad para la incipiente democracia.

A partir de la toma de posesión de la CC el 14 de abril, la prueba de fuego vendrá con las resoluciones que tomen con respecto a los ocho recursos que se han presentado para dejar sin efecto la Ley de Tarjetas de Crédito, los juicios contra militares, los procesos por minería, así como los casos de La Línea, Negociantes de la Salud y otros sonados.

 

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