Politica

Huellas de corrupción en la galería de la vergüenza

Portada vergüenza

Corrupción, tráfico de influencias, saqueo de los recursos del Estado y la mediocridad han marcado la gestión de muchos expresidentes del Congreso de la República y, en consecuencia de ello, han sido sentados en el banquillo de los acusados o condenados cinco de ellos.

Álvaro Alay

aalay@cronica.com.gt

Servirse del alto cargo político, en vez de servir a la población, parece ser la consigna enarbolada por al menos cinco de los últimos presidentes del Organismo Legislativo, que se han visto envueltos en escándalos de corrupción, abusos de autoridad y, debido a ello han enfrentado o enfrentan procesos penales.

La ausencia o débil fiscalización social, la existencia de un manto de impunidad —que se ha ido cayendo a poco a poco— y mentalidad de la clase política tradicional de ver al Estado como un botín fueron el caldo de cultivo perfecto para utilizar la presidencia del Legislativo con el objetivo de granjearse beneficios personales, grupales o de partido.

Esos casos solo han venido a demostrar la opacidad con que ha sido manejado este organismo del Estado, retrata de cuerpo entero a la clase política que llega a los cargos públicos y deja mal parada a una entidad con altos niveles de desprestigio —tal vez la que peor imagen tiene ante la ciudadanía—.

En cualquier democracia del mundo el tener un Congreso tiene un altísimo valor, en primer lugar es la representación máxima del pueblo. Pero acá esa labor está desprestigiada, porque este órgano del Estado ha evidenciado que no representa los intereses del pueblo guatemalteco y su labor legislativa es deficiente y, por lo general, representa solo intereses personales o de grupo.

Poder y corrupción

El Ex-diputado Gudy Rivera es llevado al juzgado séptimo de la torre de tribunales acusado de trafico de influencias por lo que las fuerzas de seguridad lo llevan a detenido ante el juez para que le informen de su detención Foto Walter Peña

El Ex-diputado Gudy Rivera es llevado al juzgado séptimo de la torre de tribunales acusado de trafico de influencias por lo que las fuerzas de seguridad lo llevan a detenido ante el juez para que le informen de su detención Foto Walter Peña

El más reciente de los expresidentes del Congreso que se ha sentado en el banquillo de los acusados y, que forma parte de la galería de la vergüenza, es Gudy Rivera, quien se encuentra en prisión preventiva, acusado de cohecho pasivo y tráfico de influencias, por intentar presionar a la exmagistrada Claudia Escobar —quien lo denunció en el Ministerio Público—, para que emitiera un fallo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Rivera también ha sido denunciado recientemente, porque durante su período como presidente del Legislativo —2012— se perdió una piedra lunar y un cuadro de un fósil de un pez, que estaba en la oficina presidencial.

Pero no es el único que ha enfrentado a la justicia. Antes que él, fue detenido Pedro Muadi, quien fue presidente en 2013, y que actualmente se encuentra en prisión preventiva, acusado de saquear al Estado a través de plazas fantasmas.

Para desviar fondos del Congreso, según las investigaciones, habría negociado con un grupo de 15 agentes de seguridad privada un pago total de Q13 mil, pero en la práctica solo les pagaba Q7 mil y él se quedaba con el resto.

A la lista de impresentables se suma Rubén Darío Morales, quien ocupó la presidencia de ese organismo en el periodo legislativo 2007-2008. Fue acusado de coacción, malversación de fondos e incumplimiento de deberes, por haber ordenado el traslado de Q16 millones del Legislativo a la casa de inversiones Mercados de Futuros (MDF). Según las pesquisas, por esa inversión recibió una comisión de Q600 mil.

Aunque está en libertad, tras pagar una fianza de Q400 mil, sigue ligado a proceso por este caso, ya que en 2015 la Corte de Constitucionalidad rechazó una acción de amparo presentada por Morales y se está a la espera de la diligencia de la etapa intermedia.

Esta historia se volvería a repetir con Eduardo Meyer, quien relevó en el cargo a Morales en el 2008. El expresidente no pudo concluir su mandato de un año, gracias a que se vio involucrado en la desaparición de Q82.8 millones de ahorros del Congreso, capital que fue trasladado a la misma casa de inversiones MDF.

Por esta malversación de fondos, Meyer enfrentó juicio y fue acusado de incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y peculado culposo en forma continuada, por lo que el Tribunal Sexto de Sentencia Penal lo condenó a tres años de prisión; sin embargo, los Q82.8 millones no se recuperaron.

También existe una denuncia en el Ministerio Público, que fue presentada el pasado 3 de febrero, por la procuradora general de la nación, María Eugenia Villagrán, contra los presidentes que firmaron el pacto colectivo del Congreso, que ha provocado que existan sueldos exorbitantes como, por ejemplo, conserjes que devengan hasta Q30 mil mensuales.

La denuncia fue hecha, porque se firmó el pacto sin que existiera un respaldo financiero y jurídico y porque atenta contra la Carta Magna. Los presidentes del Congreso que avalaron dicho pacto son Leonel López Rodas  —en 1999— y Jorge Méndez Herbruger en el 2005.

Opacidad e impunidad

El ex Diputado Pedro Muadi se presento al Jusgado Undecimo de instancia Penal para conocer su estado judicial pero el Juez de dicho jusgado lo mando a prision preventiva al Cuartel Mariscal Zavala.

El ex Diputado Pedro Muadi se presento al Jusgado Undecimo de instancia Penal para conocer su estado judicial pero el Juez de dicho jusgado lo mando a prision preventiva al Cuartel Mariscal Zavala.

Para Ángel Ramírez, de Congreso Transparente (CT), el involucramiento de al menos cinco expresidentes en actos anómalos y corruptos es una evidencia clara de la opacidad con que se había manejado tan alto organismo del Estado. En el Congreso era la regla la opacidad y, por eso hay tantos expresidentes con proceso judicial, principalmente porque el Congreso parecía una garantía de impunidad más que un organismo de representación y de función pública.

Mientras que Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible (GV), considera que el accionar de los expresidentes, que han enfrentado procesos penales, por corrupción o abuso de autoridad, retrata en cuerpo entero la infección de corrupción que existe en poderes del Estado, porque no es algo solo del Ejecutivo; es un problema enorme, que tiene raíces en todos los organismos del Estado, lo único positivo es que las autoridades del sistema de justicia están haciendo una investigación para aclarar todos los temas y, en todo caso, lograr sentencias condenatorias.

Hugo Novales, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señala que muchas veces la labor de los diputados, especialmente los de Junta Directiva, es poco fiscalizada por los medios, sociedad civil y esto permite abusos en la autoridad y el resultado es lo que hemos visto.

Debido a ello, propone que se debería considerar la posibilidad de que las funciones administrativas se deleguen en una entidad puramente administrativa dentro del legislativo.

Para el analista Álvaro Pop, los políticos son el reflejo de la sociedad, la sociedad lo tolera, lo acepta y lo permite.

Mala imagen y mediocridad

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Eduardo Meyer fue condenado a tres años de prisión, por la  malversación de Q82.8 millones de ahorros del Legislativo.

La calidad de los integrantes de la Junta Directiva del Congreso ha venido de más a menos en los últimos tres lustros, ha estado marcada, por lo general, por la mediocridad y se han dedicado a complacer a grupos de poder y, de la mano de ello, han caído en actos corruptos.

Las juntas directivas han sido cada vez más débiles, así como la gestión política, afirma el politólogo Renzo Rosal, quien pone como ejemplo la presidencia de José Efraín Ríos Montt y la de Luis Rabbe, la que considera una administración nefasta, porque solo se dedicó a hacer una especie de manejador de la mesa de discusión, como moderador pasivo y termino siendo el último presidente de los mediocres.

Lo anterior es respaldado por Víctor Gálvez Borrell, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), al indicar que las presidencias del Partido Patriota —Gudy Rivera y Pedro Muadifueron las más nefastas, y recuerda que, durante el período de Muadi, solo se aprobaron cuatro leyes y luego terminó en la cárcel, por corrupción.

Los expertos comentan que el actual presidente del Legislativo, Mario Tarcena Díaz Sol, está intentando hacer diferencia, pero consideran que es una tarea titánica, porque la clase política tradicional se resiste a cambiar. Tampoco le ayuda, aseguran, su estilo autoritario y agresivo.

Debilidades y retos

cONGRESO 2016

El Congreso ha sido el centro de múltiples escándalos de corrupción y es el organismo del Estado con más desprestigio ante la población.

Estos actos de corrupción o mal manejo administrativo, llevados a cabo por los expresidentes del Legislativo, también se deben a que el sistema es permisivo, lo que genera que se vuelva impune y, en consecuencia de ello que la corrupción impere en los poderes del Estado; específicamente en el Congreso de la República.

Desde el punto de vista de Ramírez, hay algunas debilidades más importantes que otras, siendo una de ellas la opacidad, debido a que los mismos diputados y el presidente del Congreso no hacen valer la ley.

Es por ello que propone que el Legislativo debería ser más abierto a la ciudadanía, para que pueda ser fiscalizado de mejor forma. Ello se lograría si se modernizan sus procesos internos, con el objetivo de presentar, de una manera ágil y moderna, la información, asimismo, contar con mecanismos de claridad como: fondos rotativos, dictamen de comisión, informes anuales, y, por ultimo, revisión de cuentas con la ciudadanía de forma permanente.

En tanto, Pop indica que se debería sumar un grupo de diputados que empiecen una cruzada en contra de la corrupción, pero generando reformas de ley, nueva legislación y demostrando en su vida público-política que están listos y dispuestos a colaborar con la ley y la sociedad sin importar sus consecuencias.

Dicha tarea es calificada como complicada por Renzo, al indicar que no hace falta una herramienta, sino una caja de herramientas para poder mejorar las cosas en el Legislativo y empezar a acortar esos espacios de poder, donde hay que volver al Congreso a las funciones reales de fiscalizar y legislar, debido a que se ha perdido la redención política y, con ello la ciudadanía no se siente representada y los diputados tampoco tienen esa preocupación.

Ciudadanía debe fiscalizar

Manifestacion de varios sectores de la sociedad pidiendo la reuncia de Otto Perez Molina.

Para que las cosas empiecen a cambiar es necesario que la ciudadanía se involucre más en fiscalizar el trabajo que se hace en el Congreso de la República.

En ese sentido, Fuentes comenta que en el mediano plazo es responsabilidad de los guatemaltecos no quitar los ojos de cómo se desempeñen los diputados, es una obligación darle un seguimiento y denunciar cualquier comportamiento irregular. Obviamente, tenemos que conformarnos con los diputados electos; sin embargo, debemos hacer una fiscalización ciudadana muy intensa y presionar para que se hagan cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para no elegir a ciegas a un listado de personas que no son del todo conocidos, debería de ser semiabierto para tener más cercanía con la persona que se elegirá, enfatiza la directora de Guatemala Visible.

Mientras que Pop asevera que desde la sociedad necesitamos una visión de largo plazo, con acciones en el corto plazo para frenar la corrupción, y eso se debería reflejar en la condena de los actos de corrupción y no deberíamos aceptar el retorno de funcionarios que tienen sospechas o juicios de corrupción.

Jorge Wong, analista del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos (IIPC), enfatiza que la población debe enseñarle, a la clase política tradicional, cómo se debe hacer las cosas en el Legislativo.

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