Politica

EL ESTADO SALE DE COMPRAS

A principios de año se le adjudicó, por Q1,969.5 millones, un contrato a dedo a una constructora, dejando abierta la posibilidad para que sub contratará a otras empresas. Una farmacéutica, relativamente nueva en el negocio de la venta de medicinas, fue beneficiada en los últimos años  -varias veces de manera anómala- con adjudicaciones que suman Q876.2 millones, lo que equivale al 68 por ciento de todo lo que ha vendido en 11 años. Los casos de opacidad en  el manejo del dinero del Estado abundan.

Rodrigo Pérez,

rperez@cronica.com.gt

Cuando el Estado sale de compras, una diversidad de empresas se interesan en hacer negocios con él; sin embargo, no todas están dispuestas a competir en buena lid, mucho menos en garantizar la calidad de sus servicios o productos.

Lo que buscan es enriquecerse y corromper a funcionarios –algo que muchas veces no resulta difícil-, a costa el erario público, dejando a la población y al país sumidos en la pobreza y el subdesarrollo.

En promedio, en los últimos cuatro años, los gastos del Estado, en constru-cción y materiales afines, ha sido de Q6,800.2 millones; en bienes y servicios, Q4,172.8 millones, y en salud, Q1,878.5 millones.
Las cifras incluyen lo invertido por el Gobierno Central, las municipalidades y entidades descentralizadas, lo cual ha sido reportado en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Guatecompras). Pero las cifras son mayores, ya que muchos evaden este mecanismo de control, ya que, en el caso del 2015, solo se promedió los gastos hasta medianos de noviembre.

De esa cuenta, los mayores focos de corrupción se concentran en las obras de infraestructura -que van desde alcantarillados hasta construcción de carreteras-, bienes y servicios -que incluye desde un rollo de papel higiénico hasta la renta de inmuebles-, la venta de medicinas, o prestación de servicios hospitalarios.

Se espera que las recientes reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado allanen el camino para corregir algunos de estos problemas, aunque algunos analistas consideran que solo será un paliativo, ya que es necesario hacer una nueva normativa.

Existe un hilo conductor que permitió, de manera opaca, a constructoras grandes y pequeñas, y farmacéuticas -antiguas y relativamente nuevas-, hacer, en los últimos cuatros años, los mejores negocios de su vida.

Este hilo conductor, es el Gobierno inconcluso del expresidente Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes se encuentran en prisión preventiva, por actos de corrupción.

 

Adjudicación a dedo

Sigma Constructores, S. A., uno de los grandes y polémicos contratistas del Estado, acaba de lograr su más importante contrato desde el 2006. A principios de este año, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), le adjudicó un contrato por Q1,969.5 millones, que equivale al 48.2 por ciento del total de contratos adjudicados en los últimos 10 años, cuyo monto asciende a Q4,083.7 millones.

El concurso del multimillonario contrato -para rehabilitar la ruta y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Oriente, desde Escuintla hasta Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador- fue publicado el 6 de noviembre en Guatecompras, adjudicado el 3 de febrero del 2015, aunque el contrato se firmó el 7 de noviembre del 2014; es decir, casi dos meses antes de que fuera adjudicado el tramo carretero.

La obra, que será financiada  con fondos provenientes de un préstamo hecho al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue adjudicada mediante un concurso restringido; es decir, sin licitar y donde solo pueden participar proveedores previamente invitados por el comprador.

Pero las irregularidades no se quedan ahí. El contrato establece que Sigma podrá subcontratar parcialmente los trabajos, siempre y cuando haya una autorización previa por escrito y, en el caso que el subcontrato represente más del 50 por ciento del valor de la obra, debe hacer una solicitud al Ministerio para que lo apruebe.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), asegura que la empresa constructora ejemplifica un caso paradigmático, de amañar la adjudicación de obra gris.

Es una modalidad por medio de la que se amplían contratos, sin hacer nueva licitación. La obra inicial, la contrataron con la ley de compras y contrataciones, del año 1988; y, como la empresa nunca ha terminado ese contrato, lo que hacen es que lo vienen ampliando y ampliando, y, aparte que lo amplían de período, lo amplían en el monto de dinero, y el tiempo que el Estado no le paga a la empresa se lo cobran como tiempo muerto, como brazos caídos. Legalmente, medio lo sustentan, pero es un mecanismo totalmente anómalo, enfatiza Flores.

 

Estructuras de corrupción

Las formas para enriquecerse a costa del Estado y de manera opaca e irregular son varias y van más allá de solo evadir la licitación pública, como en el caso de la obra adjudicada a Sigma.

El informe, El financiamiento de la política, elaborado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hace tres clasificaciones de estructuras que saquean al Estado a través de la construcción de obra gris y que a la vez financian a políticos.

La primera son los constructores aglutinados en asociaciones que influyen a través del financiamiento político y sobornos, en posiciones estratégicas en el Ministerio de Comunicaciones o en el Congreso, que les permite incidir en la adjudicación de nuevas obras o en el mantenimiento de la red vial.

También están lo que el informe llama redes político-económicas ilícitas, que están construidas alrededor de diputados o alcaldes, que articulan redes de constructoras y oenegés, a las que canalizan obras públicas que permiten el enriquecimiento ilícito de sus integrantes, así como el financiamiento de campañas electorales. El caso de Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, es un ejemplo de ello.

Además, están las estructuras articuladas desde empresas constructoras que financian campañas electorales para obtener, una vez gane su candidato, la adjudicación de obras públicas.

Al respecto, el informe de la CICIG pone algunos ejemplos. Menciona el caso del grupo formado por José  Rodolfo Guerra Díaz y sus hijos Gabriel y Wilder Guerra Villeda. Aunque el primero es originario de Camotán, Chiquimula, sus actividades empresariales se han desarrollado mayoritariamente en el departamento de Petén. El entramado de negocios de este grupo está formado por catorce empresas que se han visto favorecidas por importantes negocios públicos. Hasta la llegada al poder del Partido Patriota, los Guerra prosperaron, gracias a una estrategia de hormiga: obtener muchos contratos de municipalidades y Consejos de Desarrollo, de montos reducidos, dice el documento de CICIG.

También agrega: Ahora acaparan las obras medianas que ha otorgado el Ministerio de Comunicaciones, como los dragados o mantenimiento de carreteras. En el 2012, obtuvieron Q189 millones del Gobierno Central, así como Q104 millones de municipalidades de Petén. 

 

Analistas: se sacrifica la calidad

Para la CICIG, la corrupción en la contratación de obra pública opera en todos los niveles, abarcando desde empresas transnacionales que pagan sobornos a diputados y otros funcionarios, para la asignación de proyectos, hasta pequeñas constructoras municipales ligadas a alcaldes o diputados que, mediante la manipulación del sistema de concejos de desarrollo y otros mecanismos de inversión pública, se adjudican obras que, en muchos casos, están sobrevaloradas, no se realizan y, si se construyen, no cumplen con los estándares mínimos de calidad.

Jorge González Zet, expresidente del Colegio de Ingenieros, coincide con la Comisión. Para  él hay tres formas en la que los constructores recuperan  el soborno que pagan al funcionario, para que les adjudique la obra. Se sacrifica la calidad de la obra, incrementa el valor del proyecto y, en casos extremos, el contratista no hace nada, y esto ha ocurrido en los dragados. Cuando les cae una auditoría, el contratista dice que una crecida volvió a rellenar el dragado, señala González Zet.

Flores, de AC,  comenta que en toda obra de infraestructura está la obligación de que exista supervisión, y esto también se ha corrompido.  La supervisión ha quedado cada vez más del lado privado. Entonces, desgraciadamente, a veces hay un vínculo entre la empresa constructora y la supervisora. Entonces, no hay una supervisión real, objetiva y adecuada. El Estado debe tener la capacidad de supervisar con sus propios recursos, o controlar la calidad de la supervisión privada, enfatiza.

 

Medicinas, otra fuente de saqueo

El negocio de la venta de servicios médicos y medicinas al Estado, ocupa el tercer lugar. El comercio asciende,  en promedio anual, en los últimos cuatro años, a Q1,878.5 millones, aunque la cifra es un poco más alta, ya que al hacer el promedio se tomaron, hasta mediados de noviembre, los montos del 2015.

En esta área de negocios destaca la Agencia Farmacéutica Internacional, Sociedad Anónima (Agefinsa), que fue constituida el 15 de febrero de 1995. A la empresa, que es relativamente nueva en el mundo de la venta de medicinas al Estado, nunca le había ido tan bien como durante el Gobierno del expresidente Pérez Molina, quien, en un hecho sin precedentes en la historia nacional e internacional, no terminó su período presidencial, debido a que está acusado de actos de corrupción, por lo que se encuentra en prisión preventiva.

En los últimos 11 años, la farmacéutica ha vendido al Estado medicamentos por un monto de Q1,287.5 millones, de los cuales Q876.2 millones -el 68 por ciento- ha sido durante el Gobierno de Pérez Molina.

La cifra supera con creces las ventas durante el período de Álvaro Colom -Q376.1 millones- y el mandato Óscar Berger -Q35.2 millones-. Todo ello, según se infiere, de las adjudicaciones en todas sus modalidades colgadas en Guatecompras.

Fernando Jarquín Pira, de acuerdo con el portal de compras del Estado, es uno de los tres representantes legales de Agefinsa y, según una publicación de elPeriódico, es amigo de la ex vicepresidenta Baldetti, también en prisión preventiva por actos de corrupción.

Pero la historia no termina ahí. Según la publicación hasta el 2010, la finca La Montagna, propiedad de Baldetti, pertenecía a la familia Jarquín. La finca se encuentra en Tecpán, Chimaltenango, y tiene una extensión de casi dos caballerías, y su valor de mercado ronda los Q25 millones.

La ex vicemandataria nunca ha dado a conocer cómo adquirió la propiedad a la familia Jarquín, que actualmente se encuentra embargada por orden de un juzgado de extinción de dominio.

 

Fraccionamientos y excepciones

Lo que sí está claro, es que uno de los principales clientes de la farmacéutica ha sido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que históricamente ha sido considerado por los Gobiernos de turno como un  botín político. Los otros han sido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y el Hospital Militar.

La empresa ha sido beneficiada de manera irregular por el Seguro Social, como lo son la compra fraccionada y las adjudicaciones por  excepción, para evitar la cotización y licitación pública.

Entre el 5 de enero y el 13 de noviembre del 2015, el IGSS  hizo 966 compras a Agefinsa, por un monto de Q94.9 millones. 958 de ellas -por un monto de Q68.3 millones- fueron compras directas, evidenciándose, en varios casos, fraccionamiento para evitar la cotización, y de esa forma beneficiar a la farmacéutica ya mencionada.

Un ejemplo de ello son las adquisiciones ocurridas entre el 12 y 13 de noviembre del 2015. En esa ocasión, el IGSS fraccionó cuatro compras –tres de ellas fueron el 12 de noviembre-, por Q75.071 cada una –Q300 mil 285 en total-, para adquirir a Agefinsa 40 unidades de Alglucosidasa Alfa, polvo liofilizado de 50 mg.

Todas las compras hechas hasta el dos de noviembre -por Q2.9 millones- se hicieron por excepción; es decir, el Seguro Social, a discreción, asignó la compra.

 

Sobrevaloración

En otros casos, el Seguro Social compró a dicha farmacéutica medicamentos a precios exorbitantes y sobrevalorados, que afectan el presupuesto de la institución.

Una auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) al IGSS, dada a  dado a conocer en mayo del 2013, evidencia cómo la institución fraccionó la adquisición de un medicamento para la diabetes, para beneficiar a Agefinsa, comprándolo a un precio sobrevalorado.

Resulta que autoridades de la Policlínica del Seguro Social pidieron al departamento de abastecimiento que comprara 1 millón 833 mil 890 tabletas de Metformina de 850 mg, con un valor unitario de Q0.43 centavos, cuyo monto total de la compra ascendía a Q802 mil 326. Sin embargo, no se le dio trámite oportuno para efectuar el proceso de compra, señala el informe de la CGC.

A cambio de ello, el IGSS compró a Agefinsa, de manera fraccionada, 1 millón 145 mil unidades de Metformina de 1000 mg, con un valor unitario de Q3.92, lo cual sumó Q4.5 millones.

Según los registros de Guatecompras, el Seguro Social, desde el 2012, ya no compra Metformina de 850 mg, a pesar de que se encuentra en contrato abierto y más barata que la Metformina de 1000 mg, que es mucho más cara. La explicación que han dado en el pasado es que las fórmulas son distintas y que ya no se adquiere por recomendación de los comités terapéuticos.

 

Buenos tiempos con el PP

Pero no solo Agefinsa logró sus mejores contratos en los últimos cuatro años. Otra de las grandes farmacéuticas a la que la vida le ha sonreído durante la administración inconclusa de Pérez Molina y Baldetti, es J.I. Cohen, Sociedad Anónima. Entre el 2012 y noviembre del 2015 ha vendido al Estado Q789.7 millones.

En tanto que, entre el 2009 y el 2011, tres de los cuatro años del Gobierno de Colom –son los únicos datos disponibles en Guatecompras-, vendió medicinas por un monto de Q214.1 millones.

Lo mismo ocurrió con la Compañía de Equipo Médico Hospitalario, Sociedad Anónima, que en los últimos cuatro años ha vendido al Estado Q243.4 millones, lo que equivale al 57.5 por ciento de todas sus ventas, que ascienden a Q423.5 millones.

A esta empresa, el 30 de diciembre del 2014, el IGSS le adjudicó, por excepción, sin licitar, un contrato por Q25.6 millones, para instalar y poner en funcionamiento equipo médico en la sala de operaciones del Hospital General de Enfermedades.

Quizá lo que mejor ejemplifica cómo se ganan muchas veces los contratos en el Seguro Social –y en el sistema de salud en general- es la desarticulación, a finales de octubre, de una red integrada por funcionarios, médicos, empleados del Seguro Social y personas particulares que negociaban para favorecer a proveedores a cambio de comisiones. La investigación la realizó el MP y la CICIG.

Pero los negocios más grandes de las empresas farmacéuticas se han materializado a través de las ampliaciones sin límite de contratos de compra de medicina; sin embargo, se espera que con las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, los monopolios se terminen con la implementación de la subasta inversa y la limitación para prorrogar por solo un año los contratos, y, en extremos, un año más.

Edie Cux García, asesor legal de AC y experto en el tema de la venta de medicinas al Estado, al ser consultado sobre las expectativas que tiene de las reformas legales a la Ley de Contrataciones, señala que las modificaciones solo solucionan de manera temporal el problema, por lo que es necesaria una nueva normativa

El Estado gasta, en promedio, al año, Q6.8 millardos en obras de infraestructura, según el portal de Guatecompras.

El fraccionamiento y la sobrevaloración en la de compra de medicina para beneficiar a determinadas  empresas, es una práctica común en el sistema de salud.

El soborno es una de las formas que algunas empresas usan para conseguir  contratos  con el Estado.

La contratación de bienes y servicios, que incluye arrendamientos como los que hace el edificio 7-10 al Congreso, asciende, en promedio anual, a Q4.1 millardos.

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