Politica

EJEMPLO A NIVEL MUNDIAL… EL AÑO DE LA CICIG

En ningún país del mundo el presidente y el (la) Vicepresidente(a), han sido descubiertos en ilícitos y capturados antes de que termine su período.  Guatemala es ahora un ejemplo para el mundo en la lucha contra la corrupción.  Al frente de todo lo ocurrido ha estado la CICIG.

Ronald Mendoza

rmendoza@cronica.com.gt

Llegó al país en medio de controversias que le han acompañado durante ocho años, pero 2015 ha sido el año en que sus investigaciones más importantes destaparon los escándalos de corrupción que han puesto a decenas de funcionarios públicos tras las rejas –para decirlo de alguna manera–, con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti a la cabeza, un trofeo poco común en el mundo, símbolo además de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

 

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Con hechos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se ha logrado legitimar ante sus detractores, al tiempo que ha ganado la confianza de amplios sectores de la población, que consideran que todo lo ocurrido desde abril pasado no hubiera sido posible sin el trabajo del comisionado, Iván Velázquez y su equipo de colaboradores, apoyados por la comunidad internacional y el propio Ministerio Público (MP).

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Antes de lo sucedido,  el reconocimiento a su gestión estuvo dividido entre la crítica, el aplauso y la polémica.  La CICIG está cosechando los frutos tras haber desnudado y sentado en el banquillo de los acusados a las estructuras criminales enquistadas en el Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en los poderes locales. Existe debido a ello un sentir generalizado de que la justicia avanzó significativamente este año.

El caso más emblemático por las consecuencias políticas que conllevó, según analistas, es la desarticulación de la red de defraudación aduanera  conocida como La Línea, liderada por el ex presidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Baldetti, quienes se vieron obligados a dimitir de sus cargos y actualmente se encuentran en prisión preventiva.  En sus renuncias impactó también el movimiento ciudadano de protesta que nació bajo el lema #RENUNCIAYA

La CICIG, con los constantes destapes de casos de corrupción, todos bien documentados y con pruebas sólidas, motivó ese despertar de un sector que se volcó a las calles a pedir el castigo a la clase política corrupta y a poner fin al saqueo del Estado.

 

Investigaciones de alto impacto

Desde el punto de vista del impacto jurídico y político de los casos, sí, este es el mejor año de la CICIG. Es decir, no fue tanto el aspecto cuantitativo de su trabajo sino el cualitativo, porque con Carlos Castresana (primer comisionado) se tuvo algunos impactos pero no tocaban las estructuras más altas. Igual ocurrió con Francisco Dall’anese (el segundo titular del organismo internacional), donde casos como el de Pavón tuvieron impacto, pero no se llegó al nivel de estructuras que ahora tocó la CICIG; como ocurrió con La Línea, por ejemplo. Lo que vimos fue la determinación por desestructurar estas redes criminales desde el más alto nivel, y así lo hizo la Comisión, precisa Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

Con este enfoque concuerda Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), quien cree que es definitivo que el 2015 fue el año de la CICIG y el de mayor provecho para el país en términos de los resultados de la Comisión. En este período vimos una labor más concreta. Pero este éxito no puede verse de manera aislada, yo prefiero entenderlo como la capitalización del andamiaje legal e institucional dejado por los antecesores de Iván Velásquez, lo cual permitió la actuación eficaz de la entidad en 2015. Sin esto no hubiera podido hacer todo lo que hizo, subraya Muralles.

Alejandro Quinteros, de Primero Guatemala, también comparte que los resultados de la CICIG saltan a la vista, además del acompañamiento que ha dado al Ministerio Público (MP) para su fortalecimiento. Por ello, en relación a las gestiones anteriores, este año fuimos testigos de un cambio impresionante de la Comisión que no solo movilizó judicialmente al país, sino también políticamente.

 

La Línea, el caso insignia

Más que la cantidad de casos presentados lo destacado fue la calidad de las investigaciones y haber probado fehacientemente cuan enquistada está la corrupción y la impunidad en el Estado.

Es decir, el valor del trabajo de la Comisión durante este año no está en el número de detenciones, antejuicios requeridos o estructuras desarticuladas, sino más bien en aspecto cualitativo de estos.

Por ello, cuando se habla del caso insignia de la CICIG, el acuerdo general entre los entrevistados es que este es el de La Línea y por el que dimitieron y se encuentran en prisión preventiva Pérez Molina y Baldetti.

¿Pero por qué este? Por las repercusiones político-institucionales que tuvo: nada menos que el procesamiento de un expresidente y una ex vicepresidenta. No estoy seguro que el comisionado Iván Velásquez o la fiscal Thelma Aldana tuviesen pensado que el asunto podía llegar tan lejos. Probablemente a medida que fueron haciendo capturas y obteniendo archivos comprendieron que el caso los llevaba hasta los niveles más altos del gobierno y ya en el proceso actuaron de la única forma que podían actuar: ir a hasta las últimas consecuencias, subraya Edgar Celada, del área de justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).

En este mismo sentido, Lorena Escobar, experta en temas de seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), destaca las consecuencias generadas por el destape de este caso La Línea y la presunta participación de los ex gobernantes.

Durante todo el mandato de la CICIG, por primera vez vimos señalamientos contundentes por corrupción contra altos funcionarios en el ejercicio del poder. Nótese, no eran exfuncionarios, eran burócratas que estaban en plena gestión de sus funciones y es ese el elemento distintivo de la mayoría de los casos presentados por la institución en 2015, entre los que destaca el de La Línea, refiere Escobar.

Samayoa también comparte las declaraciones anteriores. Es indudable que el caso insignia es el de La Línea, esto porque trastocó la gestión de servicios públicos fundamentales como la salud, la educación y el combate a la desnutrición al haber desviado del Estado la aportación que de mi bolsillo hago para que estas asistencias básicas se mantengan. Fue algo muy lamentable que hirió profundamente a los guatemaltecos y que llevó a las consecuencias que ya conocemos, destaca el entrevistado.

Tanto Quinteros como Muralles están de acuerdo con lo antedicho, especialmente por las repercusiones y el impacto que generó dicho asunto y porque dichas acciones han permitido devolverle la confianza al sistema de justicia y darle esperanza a los guatemaltecos de que si se quiere, puede haber cambios en el país.

Estas consideraciones no son para menos, ocurre que la misma CICIG calificó el caso La Línea como complejo y amplio en su alcance, además de ser paradigmático por la forma en que operaron los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) dentro del Estado, pues utilizaron una serie de ventajas políticas -del más alto nivel- para diseñar una estructura paralela que se hizo del control de la administración tributaria y generó ganancias millonarias para todos los socios en varias escalas, incluyendo a los entonces Presidente y Vicepresidente de la República, esto bajo un esquema complejo de recepción de pago de sobornos provenientes de la defraudación de impuestos.

El proceso de investigación que permitió dar con esta estructura también fue robusto: sucedió en 2 fases y tomó como base averiguaciones realizadas entre 2012 y 2013, asimismo produjo 88,920 sesiones de intercepciones telefónicas, pesquisas sobre 5,906 correos electrónicos, 175,000 documentos evaluados, informes de 100 instituciones, 17 allanamientos, 100 desplegados telefónicos en 32 agendas e información financiera de al menos 100 personas y 22 empresas. Aunque se ejecutaron 32 órdenes de captura, aún hay 17 personas pendientes de aprehensión.  Así de complejo fue.

 

Hizo despertar a los ciudadanos

Para Escobar la Comisión con  su trabajó logró este año la legitimidad y el 100 por ciento de aprobación por parte de la población. Incluso de aquellos sectores que veían con recelo la permanencia de esta institución en el país. No es para menos, ocurre que con las investigaciones y con el destape de redes como La Línea, contribuyó a generar la indignación ciudadana por la corrupción, llevando a miles de guatemaltecos a protestar a la Plaza de la Constitución y a pedir la renuncia del gobierno en el poder, explica Escobar.

En respuesta, Celada también dice: tuvimos un buen año para el avance de la justicia, en varios planos: se alcanzó un nivel de independencia judicial hasta ahora desconocido (nunca antes, y a nadie se la habría ocurrido que fuera posible que una Fiscal General habría podido llevar a la cárcel al presidente que la nombró; la CSJ se vio liberada de las ataduras políticas con las que nació, etc.); creció dramáticamente la consciencia ciudadana contra la impunidad y la corrupción: de allí el resultado de las elecciones generales y presidencial de segunda vuelta… para lo cual fue muy importante, probablemente decisivo, el papel de la CICIG.

 

La fórmula del éxito

Para la representante de FADS, los saldos positivos del trabajo de la CICIG en 2015 son producto de la efectiva capitalización que hizo el comisionado Velásquez, del esfuerzo y trabajo de los comisionados que le precedieron y que allanaron el camino para que el organismo internacional pudiera lograr todo lo que hoy ha logrado.

Tuvimos la gran suerte de que fuera Iván Velásquez quien llegará a dirigir por este periodo la CICIG. Él, con toda la experiencia acumulada en Colombia en relación al tema de la corrupción a través de estructuras, le imprimió esa experiencia a la labor de la Comisión, de tal cuenta que ha ejercido su función con impactos que no tuvimos anteriormente, explica Muralles.

Además de lo anterior, Quinteros considera que la eficacia actual de la CICIG también ha sido posible debido a que esta ha sido diferente, mucho más práctica, menos ideológica y ha ido directo a la desarticulación de estos cuerpos paralelos, apegándose muy bien al cumplimiento de su mandato.

Con lo anterior concuerda Celada, quien refiere: lo que hizo la diferencia entre la CICIG dirigida por Iván Velásquez y las anteriores fue el enfoque estratégico, la comprensión de su mandato a partir de cómo se manifiesta en la actualidad el fenómeno de los cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad. Esto lo ha explicado constantemente el propio Velásquez: a su llegada hubo un replanteamiento estratégico del qué hacer la CICIG, se definieron las líneas o los ejes donde debía actuar.

Las cosas así, Samayoa también destaca los aportes de la Comisión a través de los informes temáticos, con los cuales ha puesto sobre la mesa grandes temas de transformación política y jurídica que se requieren en el país, por ejemplo, el relacionado al financiamiento de la política en Guatemala, ofrecido durante el recién pasado proceso electoral, o la sugerencia de discusión de un impuesto específico para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala, planteado hace algunas semanas.

Con todo lo anterior, creo que veremos un 2016 con parte del sector económico y parte del sector político del país atacando a la CICIG, tratando de debilitar al comisionado, especialmente por la propuesta del gravamen. Por aparte, veo a una Comisión tratando de consolidar judicialmente todos los casos desvelados en 2015, esto para que los mismos no se queden solo con el efecto mediático. En 2017 habría una sociedad civil pidiendo que la Cicig continúe, concluye el analista del CEG.

Cabe también destacar que los gobiernos de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Italia, Francia, Suecia, Suiza y Uruguay, contribuyen con personal especializado en seguridad e investigación criminal para las operaciones en el país.

De estos aproximadamente el 45 por ciento del personal con que cuenta la Comisión sea extranjero, mientras el 55 por ciento restante es guatemalteco. El hecho de que primen más guatemaltecos dentro de la Comisión me parece coherente con la línea de trabajo en torno a la transferencia de capacidades que la Cicig debe hacer al MP, pues eventualmente estas personas que hoy laboran para el organismo internacional podrían ser reclutadas por el Ministerio Público, refiere Escobar

Carta de presentación

En resumen, la CICIG dio golpes

importantes:

l   Llevó a cerca de 120 personas –la mayoría funcionarios o ex funcionarios–  ante los tribunales, todos vinculados a cerca de una docena de casos de corrupción.

l   El caso La Línea ha sido el más destacado y sonado, por involucrar a los dos ex gobernantes -Pérez Molina y Baldetti–, así como al ex superintendentes de la SAT, y a otros destacados funcionarios.  De este caso se espera que se deriven otros, sobre todo, por información que pueda proveer Estuardo González, más conocido como ECO.

l   El segundo caso destacado fue el IGSS-PISA (por el cual fue aprehendida la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), liderada por Juan de Dios Rodríguez, y 13 sindicados más).

l   Otro paradigmático ha sido el de Plazas Fantasmas en el Congreso (por el cual se encuentra tras las rejas el expresidente del Congreso Pedro Muadi y 31 personas más)

l   Importante y trascendental es también el caso el Lavado y política, en el que resultó involucrado el excandidato a vicepresidente por el Partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Edgar Barquín, y dos diputados del mismo partido, su hermano Manuel Barquín y Jaime Martínez Loayza.

l   El caso de Negociantes de la Salud dejó al descubierto la forma corrupta en que se ha venido produciendo desde hace años la compra de medicinas.

l   Por el caso Fraude en la Policía Nacional Civil (PNC), por el cual quedaron tras las rejas altos mandos del ente policial.

l   La CICIG también solicitó antejuicios contra los diputados Mario Rivera, Luis Chávez, Mirza Arreaga, Mario Yanes y Gudy Rivera, además, contra los juzgadores Jisela Reinoso, Erick Santiago, Patricia Flores, Marta Sierra, José Luis Patán y el alcalde del Puerto de San José, Escuintla, Alberto Rizzo Morán, la mayoría de estos por anomalías vinculadas a la corrupción judicial y el narcotráfico y lavado de activos.

Como puede verse, se han tocado los tres organismos del Estado en donde ha habido corrupción y tendencia a mantener impunidad.

Ciacs

De lucha ideológica a fines corruptos

Un asunto interesante que destaca la actual administración de la CICIG es el replanteamiento conceptual de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) (principal objetivo del mandato de la Comisión), los cuales, otrora era una especie de mafia corporativa conformada principalmente por militares y empresarios que usando sus medios de poder buscaban fines muy particulares y contrainsurgentes.

Hoy, sin embargo, se han convertido en redes político-económicas-ilícitas que tienen una desvinculación ideológica, pero que poseen como objetivo introducir sus tentáculos en el Estado para tres fines fundamentales: ejercer y acumular poder ilegitimo, enriquecimiento ilícito y gozar de impunidad, explicó el oficial político de la Comisión, Arturo Aguilar, durante un foro académico sobre inteligencia civil realizado recientemente.

El caso La Línea es un ejempl o muy pertinente de la evolución de los Ciacs, que de estructuras con contenido ideológico y con fines contrainsurgentes mutaron a redes político económicas ilícitas de excesivo pragmatismo, que tienen como único fin el enriquecimiento ilícito y la impunidad, ejemplifica la CICIG en su octavo informe de labores presentado en noviembre de 2015.

Desde el punto de vista del impacto jurídico y político de los casos, este es el mejor año de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Oswaldo Samayoa

Centro de Estudios de Guatemala

Durante todo el mandato de la CICIG, por primera vez vimos señalamientos contundentes por  actos de corrupción contra altos funcionarios en el ejercicio del poder.

Lorena escobar

Analista de Asíes

El caso conocido como La Línea y por el que están en prisión preventiva el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, es la investigación insignia de la CICIG.

El expresidente del Congreso, Pedro Muadi, también está tras las rejas de manera preventiva por actos de corrupción.

El Organismo Judicial tampoco escapó a las investigaciones de la CICIG. A la Juez Jisela Reinoso, se le retiró la inmunidad y fue ligada a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Comisión desnudó la corrupción estatal y la población salió a las calles para exigir un alto al saqueo del Estado.

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