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CORRUPCIÓN, EL MAL QUE GENERA LA POBREZA DE MUCHOS PUEBLOS… POLÍTICO RICO, … GENTE POBRE

GUATEMALA ES UN PAÍS DE CONTRASTES, CIERTAMENTE. SIN EMBARGO, LO MÁS TRISTE DE ALGUNOS DE ESTOS, ES QUE EL ENRIQUECIMIENTO DE UNOS, ES A COSTILLAS DEL CASTIGO DE OTROS. LA CORRUPCIÓN HACE RICOS A UNOS POCOS, PERO AL MISMO TIEMPO CONDENA A MUCHOS A PERMANECER EN LA POBREZA, A CAUSA DE UN ESTADO QUE NO GENERA OPORTUNIDADES.
Ronald Mendoza/ rmendoza@cronica.com.gt
Si algo han confirmado los últimos casos de corrupción desvelados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es que el Estado se ha convertido para políticos y funcionarios –con participación de algunas empresas– en la vía perfecta para hacerse millonarios, en detrimento de una sociedad que clama por oportunidades y no sale de la pobreza.
Para algunos ciudadanos, es indignante que familias se arriesguen a diario a tomar un bus urbano en zonas de alta peligrosidad, como la zona 18, mientras que otros tan solo se suben a su Ferrari, custodiados por seguridad del Estado –Otto Pérez Leal (alcalde de Mixco)–.
Los casos son dramáticos en casi todos los ministerios, en donde se hacen contrataciones sobrevaluadas, en procesos opacos que llenan las chequeras de funcionarios e intermediarios, mientras los resultados no llegan a la población.
Educación, Salud Pública, Gobernación y Comunicaciones, son las carteras ejemplares en negocios turbios, algunos de los cuales han salido a luz pública por la prensa o por procesos que ahora investiga la CICIG y el MP.
Las fotografías de lujosas mansiones -Roxana Baldetti, Gustavo Martínez y Juan Carlos Monzón- han sido publicadas por la prensa independiente, asimismo desfiles de caballos, fincas y lujosas residencias en playas del país. Todo esto, construido a través de los negocios que rodean a los políticos y funcionarios.
En este contexto, hay refranes populares de personas de clase media baja que dicen vivir el día a día; otros, afirman que medio viven con un trabajo informal, mientras una mayoría salen a buscar trabajo sin conseguirlo. Para ellos no hay lujos, sino necesidades para subsistir. Eso sí, su vida se vuelve un calvario cuando intentan, además de conseguir dinero para comer, darle salud y educación a sus seres queridos. ¡Quién fuera político o diputado…!, exclaman algunos.
Un caso más, es el del expresidente Alfonso Portillo, quien no solo fue acusado y condenado en Estados Unidos (EE. UU.) por lavar dinero, producto de corrupción, sino que hay varios casos que le involucran, pero ni siquiera se han investigado, entre ellos el obsequio de una mansión campestre en Zacapa.
Un ejemplo de esta desigualdad, es Sandra. Sandrita le llaman algunos de sus vecinos de la zona 5 de Mixco, quienes ya le han tomado cierto aprecio. Es madre de tres infantes, un niño de 11 años de edad y dos niñas de 6 y 3 años. Su esposo es Jorge, quien está en busca permanente de trabajo asalariado, pero hasta hoy no lo ha encontrado. Está difícil la situación, no hay empleo; y como no tengo estudios, no me dan nada, dice al respecto.
En contrapartida, hay funcionarios que llegan a los cargos públicos con un de nivel socioeconómico medio, pero en pocos meses y años se convierten en nuevos ricos.
Para algunos analistas sociales, mientras más corrupción, más pobreza habrá en el país, lo cual ha sido una historia que se ha empezado a contar desde la era democrática de los años 80, en donde las prácticas político-clientelares han amasado fortunas de exgoberantes, exministros y empresarios. De tal cuenta, se estima que un 20 por ciento del Presupuesto General de la Nación se pierde, debido a esta galopante corrupción, cuyos fondos pudieron haberse invertido en salud, educación y seguridad.
Estas causas han provocado que la vida de familias guatemaltecas, como Sandra y Jorge, sea un cuesta arriba cotidiano, sin oportunidades y sin mayor asistencia del Estado. Otro factor es que este tipo de familias tampoco son beneficiadas por los programas sociales del Gobierno, porque obedecen a una lógica clientelar, donde el favorecido no es necesariamente el necesitado sino el acarreado.

Disparidad
De lo anterior puede decirse que, lo que esta familia percibe con mucho esfuerzo durante una jornada, es 477 veces menor que lo que la estructura La Línea, en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), percibía en 24 horas (Q500,000) de manera espuria y sin mayor sacrificio, que el de levantar el teléfono y coordinar la transa, muchas de las veces desde detrás de un escritorio en una oficina gubernamental.
Por ejemplo, en uno de los documentos que fueron incautados tras un allanamiento a la oficina y vivienda de Salvador González, alias Eco, quien supuestamente se encargaba de llevar el inventario de las ganancias de esta estructura (La Línea), integrada por particulares y funcionarios públicos de alto rango, entre ellos el exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, se detalla que del 6 y 7 de octubre del 2014, se contabilizó una ganancia de Q553,000, lo que presumiblemente era el reporte de 24 horas del tráfico por la aduana.
Con todo, familias que viven en la pobreza, con ingresos promedio que no superan los Q9,000 al año (1/3 de lo que gana un diputado al mes), conforman el 41 por ciento de la población guatemalteca, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011; y son, junto al 13 por ciento que vive en pobreza extrema, el grueso de los guatemaltecos que padecen, en mayor medida, las consecuencias de los desmanes, despilfarros y saqueos, que del erario público se han hecho, y que han servido para hacer millonarios a algunos (funcionarios públicos, políticos, empresas) y más pobres a otros, precisa el analista independiente Renzo Rosal.
Así, Sandra, con su conocimiento popular de la política, sabe que es poco lo que puede esperar del Estado. El Gobierno, solo para su familia trabaja, dice cuando uno le consulta sobre lo que piensa de los funcionarios corruptos.
Y es que, sin saberlo, ella representa el extremo de las inequidades que se han agravado, debido a los índices de corruptela en la administración pública, los cuales únicamente han servido para favorecer ostentosos estilos de vida de varios políticos, entre otros.

La llaga de la inequidad
De tal cuenta, la corrupción ha hecho las veces de un agravante de las inequidades, llevando al extremo las carencias de los más vulnerables, y elevando a niveles de vida inmerecidos a una fracción (aún no medida) de la casta política guatemalteca, la cual, en buena parte, ha accedido a una riqueza que solo el poder desde el Estado les ha facilitado, refiere al respecto Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC).
Entonces no sorprende ver la distancia de condiciones de vida que algunos políticos o funcionarios han construido, a costas de una población que, en un 54 por ciento, vive en pobreza y pobreza extrema.
Sandra, por ejemplo, cuenta que, a fuerza de mandados que vecinos le confían o trabajos que salen por allí, logran reunir, su esposo y ella, entre Q25 y Q35 al término del día, los cuales utilizan principalmente para comida.
A veces, ellos (sus vecinos) tienen algo que ya no les sirve y me piden que lo ofrezca. Si logro venderlo, me pagan; si no, no. A veces me dan Q5, otras veces Q10, depende del precio de lo que venda, asegura.
En contraparte, se estima que los integrantes de la estructura La Línea, en una semana podrían haber sumado Q4 millones, a costas del poder público que ostentaban algunos de sus miembros, mientras Jorge y Sandra trataban de asegurar, al menos, su alimentación con Q245, en el mismo período de tiempo.
La cuestión se torna más incomparable cuando se observan algunos casos particulares, como el de Monzón, quien según escuchas del Ministerio Público (MP), en una sola ocasión habría recibido un pago de Q2.3 millones, por facilitar estos ilícitos, sin siquiera mover un dedo.
Así, al exsecretario de Baldetti no le fue nada difícil adquirir una propiedad valorada en no menos de US$500 mil, ubicada en la Finca Matilandia, Santa Lucía Milpas Altas, según reportó El Periódico, en su trabajo de investigación periodística Los lujosos caprichos del prófugo Juan Carlos Monzón, además de haber amasado una fortuna de al menos de Q20 millones en viviendas y vehículos, según el matutino.
Mientras Sandra, a duras penas consigue los Q300 del alquiler de una habitación, donde vive con su esposo y tres hijos. Otro ejemplo de fortuna mal habida es precisamente la de la exvicepresidenta Baldetti, quien, lejos de pasar penas por pagar un alquiler, se daba el lujo de escoger entre sus extravagantes mansiones en el condominio Los Eucaliptos, en carretera a El Salvador, o una de sus fincas ubicadas en Tecpán, la cual adquirió en unos Q25 millones-.
Otro caso de malversación de fondos es el del diputado oficialista Pedro Muadi, señalado de haber desviado fondos del Congreso de la República a empresas de su propiedad, a través de la simulación de contratos laborales.
Las pesquisas dan cuenta que el legislador se habría hecho ilegalmente de Q630 mil, una suma que le costaría a Jorge y Sandra 53 años de trabajo, con los ingresos que hoy perciben (entre Q9,000 y Q10,000 al año), mientras que a un trabajador asalariado que devenga el mínimo, le habría llevado 20 años de empleo continuo.
Ahora, se habla de la corrupción de este Gobierno, pero en realidad, los ejemplos de ese enriquecimiento ilícito de exfuncionarios es notorio, porque no son pocos quienes cambiaron absolutamente sus niveles de vida después de haber pasado por la administración pública.
La lista de propietarios de yates, casas lujosas y helicópteros puede ser muy larga. La ventaja para funcionarios de administraciones anteriores, es que la CICIG no alcanza a investigarlos. Privatizaciones, concesiones, compras anómalas, contratos onerosos para el Estado, plazas fantasmas, sobrevaloraciones y hasta compras inexistentes han llenado páginas de información periodística. Se estima que cerca de Q20,000 millones se pueden perder al año a causa de la corrupción.

Fortunas espurias
De acuerdo al informe de los partidos políticos, dado a conocer por la CICIG, la corrupción está enraizada en dichos partidos, lo cual ha generado un sistema perverso, marcado por el tráfico de influencias y la compra de voluntades, donde casi nadie se salva y las prácticas se mantienen entre políticos, empresarios, alcaldes y otros aspirantes de campañas políticas.
Es decir, a un guatemalteco promedio no le alcanzan dos décadas de trabajo para hacerse de un millón de quetzales; sin embargo, hay diputados, como Mario Rivera, del Partido Libertad Democrática Renovada (Líder), a quien 9 años de legislatura le han bastado para hacerse de casi Q10 millones en el banco y varias propiedades. Dado lo anterior, la CICIG también ha señalado a este parlamentario por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pues posee cinco casas construidas de manera ostentosa, en Escuintla, Santa Cruz del Quiché y la capital, las cuales están valuadas en el mercado a precios altos. Además, también adquirió vehículos de lujo y una cuenta bancaria de Q9.194,969.17, bienes que, como diputado, no tendría posibilidad de adquirir, precisó la Comisión.
Esta forma rápida de hacer dinero anómalo, ofende a varios guatemaltecos, tomando en cuenta que un ciudadano promedio se tarda entre 15 a 20 años para pagar su casa, de clase media, si corre con la suerte de lograr enganchar una vivienda, de lo contrario pasará toda su vida pagando un alquiler.

Viven con un dólar al día
Con la situación hasta aquí descrita, es evidente que, mientras el 54 por ciento de los guatemaltecos vive en pobreza y pobreza extrema, tratando de subsistir conUS$1 o US$3 diarios, hay una clase de políticos corruptos, como los hoy señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que perciben, al menos, US$700 diariamente. Entonces, la hipótesis de que el Estado se ha vuelto en el principal proveedor de riqueza para buena parte de la clase política actual, se va tornando aceptable, subraya Rosal.
La situación no es para menos, pues si de ejemplos se trata, la CICIG y el MP han sacado a luz muchos casos que sirven para este objeto: el caso IGSS-PISA, que no solo ha costado la vida de más de una veintena de pacientes que sufrían padecimientos renales, sino también supuso el cobro de una comisión de cerca de Q18.5 millones, sobre los Q116.2 millones del monto del contrato, para el tratamiento de diálisis peritoneal a pacientes con insuficiencia renal, el cual fue otorgado de manera fraudulenta a la Droguería Pisa de Guatemala S. A., según las investigaciones hasta hoy reveladas.
Nuevamente saltan como principales protagonistas de esta negociación ilícita funcionarios públicos, la mayoría miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quienes habrían sacado beneficio económico de esto.
Los nuevos millonarios
Aunque aún no se ha abierto ningún proceso por corrupción contra la exvicepresidenta Baldetti, en varias ocasiones se ha cuestionado la invaluable fortuna que ostenta actualmente.
El informe Un cuento de hadas sin final feliz, publicado por ElPeriódico, precisa de tal manera la fortuna de la exvicegobernante, la cual deja muchas dudas sobre su origen: Desde su elección, la vicepresidenta reside con sus hijos en una majestuosa mansión en la calle Los Eucaliptos, en la carretera a El Salvador, una de las mejores zonas de la capital. La residencia es parte de un exclusivo complejo con mucha seguridad, donde también reside el expresidente, Álvaro Colom. La casa está valuada en dos millones de dólares. Sus viviendas de descanso también son señoriales. También adquirieron una residencia en la playa, en la exclusiva zona marina de Juan Gaviota, en la costa del Pacífico, valuada en más de US$439 mil.
Contrario a este progreso de Baldetti, la vida de Sandra y Jorge es tan solo uno de los casos en los que toda una generación no alcanza para salir de la pobreza.
Como está la situación, en términos generales, Marroquín cree que de cada nuevo Gobierno surgen no menos de 50 nuevos millonarios, que fundan su fortuna en detrimento del Estado.
Y es que la lista de nuevos ricos no proviene de este Gobierno, sino desde la época democrática, en donde incluso han sido procesados algunos exmandatarios, como Alfonso Portillo Cabrera, quien ahora busca su retorno a la política, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le ha negado su participación. Es más, a otros, a quienes la justicia no les ha llegado, también se han enriquecido, aún así pretenden seguir haciéndolo con su reelección, ya sea como diputados.
Mientras tanto, otros guatemaltecos, como Jorge y Sandra, no tienen definido su futuro inmediato, ya que Guatemala sigue siendo el país más desigual de América, precisa según el informe La Trampa de la Austeridad, de Oxfam.
Las inequidades sociales en el país están marcadas por la corrupción de una clase política que ha robado a manos llenas, mientras que los pobres sobreviven en un estatus quo que los mantiene hundidos en el subdesarrollo, a veces sin saber, incluso, que sus impuestos están siendo robados. ¿Pagarán los políticos corruptos?
Es indignante ver que familias se arriesguen a diario a tomar un bus urbano en zonas de alta peligrosidad, mientras otros políticos tan solo se suben a su ferrari.
A un guatemalteco promedio no le alcanzan dos décadas para hacer un millón, pero hay diputados que en nueve años han acumulado Q10 millones

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