Politica

Congreso voraz: leyes mediocres y gastos millonarios 

El despilfarro es evidente en uno de los organismos más importantes del Estado. La austeridad no existe, y de esa cuenta se tira el dinero en excesivos e injustificados salarios, en la contratación de familiares, compra de comida, entre otros. Pese al aumento constante del presupuesto, no se invierte en capacitar al personal, en mejorar la auditoría interna y en otros temas que son vitales para fortalecer a esta desprestigiada institución estatal.


Álvaro Alay, Rodrigo Pérez/ Crónica


Cada año, su presupuesto crece en un promedio de 30 por ciento. El Congreso de la República se ha convertido, con el paso de los años, en una institución obesa, onerosa e improductiva, que cobija —salvo algunas excepciones— a una clase política marcada por la corrupción.

En los últimos tres lustros, el presupuesto del Congreso de la República ha pasado de Q211.6 millones a Q970.9 millones, y ello no se ha visto reflejado en una mejor fiscalización y aprobación de leyes de calidad.

Los cada vez mayores recursos económicos han servido para contratar más personal, a tal punto que, en dicho lapso, el dinero destinado para ese fin pasó de Q52.1 millones a Q609.4 millones.

Según información actualizada hasta agosto, este organismo del Estado tiene un total de 2 mil 131 trabajadores, de los cuáles 1 mil 648 están en el renglón 011; 435, en el 022 y 48, en el 029.

Las contrataciones se han visto empañadas por el nepotismo y por la simulación de pagos a empleados inexistentes y excesiva contratación de personal asignado a los diputados. Solo en asesores de bancadas y comisiones de trabajo se erogó el año pasado Q19.8 millones.

También porque ese aumento presupuestario ha servido para cumplir con concesiones irresponsables que las máximas autoridades del Congreso han hecho al sindicato, como aumentar el salario en un 10 por ciento anual, lo cual ha provocado que existan conserjes que devengan Q30 mil mensuales.

La austeridad no es conocida en el Legislativo, y, recientemente, fracasó un intento por aumentar de Q1 mil a Q2 mil las dietas que cobran los 17 jefes y subjefes de bloque.

En el 2015 el pago de dietas a los 158 diputados por sesiones plenarias, de comisiones de trabajo, de sesiones de instancias de jefes de bloque y de Junta Directiva fue de Q27.7 millones. Y los gastos de representación de los padres de la patria ascendieron a Q10.8 millones.

En este contexto, se ha anunciado que entrará a funcionar el canal de televisión del Congreso, el cual servirá, ha dicho Mario Taracena, presidente de ese organismo del Estado, para transparentar la labor legislativa y competir con el monopolio televisivo de Ángel González.

Para que funcione se invertirá Q5 millones y se deberá contratar nuevo personal, el cual se sumará al ya existente.

Pero, por ahora, según analistas consultados y ciudadanos que se han expresado en las redes sociales, lo primero que debe hacerse es ordenar la casa, resolver los graves problemas de corrupción, opacidad y excesivas contrataciones. Y solo después de ello se puede pensar en otras cosas, como el canal de televisión del Legislativo.

La actual legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica del Congreso y a la Ley de Servicio Civil, la cual, entre otras cosas, prohíbe la contratación de familiares directos, regula la contratación de asesores y norma que los trabajadores solo podrán cobrar dos horas extras al día —el año pasado se erogó Q12.2 millones en pagos por tiempo extraordinario de personal administrativo, técnico y de servicios—.

Se espera que las reformas ayuden a la reordenación y reclasificación de puestos y sueldos de los colaboradores de este organismo del Estado. Sin embargo, a la fecha no se han dado los cambios y la reducción de personal se ve cuesta arriba, sobre todo, porque el Legislativo está emplazado por los sindicalistas.

Exceso de personal

El año pasado, según el informe de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), 87 diputados tenían asignados más de tres empleados a su cargo, cuyo pago anual ascendía a los Q31.6 millones. De ellos, 36 lograron su reelección y forman parte de la actual legislatura.

Los empleados estaban contratados bajo los renglones 011 —personal permanente— y 022 —personal por contrato—. El hallazgo fue calificado por la CGC como contratación innecesaria de personal en detrimento de los intereses del Estado.

El expresidente del Congreso, Gudy Rivera, en prisión preventiva y ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias, encabeza la lista con 25, cuyo pago anual ascendía a Q3 millones.

Luego está el exdiputado Jorge Mario Barrios Falla, con 15 y un pago anual de Q1 millón; Roberto Villate, del partido Libertad Democrática Renovada —Líder—, con 13 y una erogación de Q967 mil y el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, con 12 y un pago anual de Q766 mil.

Detrás de ellos, cuatro más con 11 empleados cada uno: El actual diputado oficialista, Estuardo Galdámez —pago anual de Q697 mil—, el exdiputado Édgar Arévalo Barrios —Q693 mil—; Aleksander Castillo, exdiputado del Partido Patriota y el exparlamentario Alfredo Rabbé Tejada, ligado a proceso penal por plazas fantasmas —Q900 mil—.

Nepotismo

El nepotismo también se ha convertido en una práctica corrupta recurrente. De esa cuenta, la CGC denunció que en 2015 un total de 63 personas contratadas en el Legislativo, bajo el renglón 011, eran parientes.

Con ello se incumple la prohibición a funcionarios públicos, según el informe, de aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios personales a favor de sus familiares o terceros, mediando o no remuneración. Sin embargo, la CGC no sugirió o pidió al Congreso el despido de estas personas.

El grupo más numeroso, siete en total, está vinculado al exdiputado Manuel Barquín, quien es acusado por el Ministerio Público —MP— y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala —CICIG— de financiar al partido Gran Alianza Nacional —Gana— con dinero proveniente de lavado de dinero.

En la lista también se encuentra Ana Isabel Antillón, directora Legislativa del Congreso, quien tiene a dos parientes laborando en la institución. Antes de ocupar el cargo actual, fue secretaria privada del expresidente Otto Pérez Molina, quien se encuentra en prisión preventiva y vinculado a varios casos de corrupción.

Se pudo establecer, con base en el listado de empleados contratados bajo el renglón 011, actualizado a julio, que de esos 63 parientes, a la fecha continúan laborando 62 en el organismo encargado de legislar.

 

Lo que no es prioridad

A pesar del constante aumento del presupuesto del Congreso, hay temas que son vitales para el óptimo funcionamiento de la institución y que no han logrado ser resueltos hasta la fecha. El fortalecimiento de la institución no es prioridad.

Ejercicios internos para identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Foda), llevadas a cabo por las direcciones del Congreso, ponen de manifiesto los problemas irresueltos.

De esa cuenta, en el Área Administrativa se destaca que existe falta de capacitación del personal y, en la Dirección Financiera, se detalla que la herramienta informática que se utiliza para el manejo de los libros de bancos del fondo rotativo, tiene deficiencias.

En tanto que en la Dirección de recursos humanos se señala que el equipo de cómputo no es el adecuado para las tareas que realizan y se quejan de las inconsistencias de los registros de marcación de ingreso al lugar de trabajo.

Las personas, en muchas ocasiones, no se presentan a laborar o simplemente no marcan, o llegan tarde a sus labores sin presentar excusa alguna, esto, porque los jefes inmediatos les justifican este tipo de situaciones. Cuando se sancionan estas actuaciones, en la mayoría de los casos los jefes inmediatos intervienen para que se les quite la sanción impuesta, se indica en la evaluación del Foda.

Mientras que en la Dirección de auditoría interna, que es vital para detectar y sancionar actos de corrupción, se indica que existe un bajo nivel de profesionalización del personal del departamento, no se disponen de manuales de procedimientos ni de funciones o atribuciones en todas las áreas, no se tiene el personal suficiente dentro del departamento de auditoría interna y no existe un plan de capacitación continua para el personal de auditoría.   

 

El gran botín político

El Congreso se ha venido degenerando por las malas prácticas que llevan a cabo los parlamentarios y trabajadores de ese organismo, al punto que la gran función de legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía ha sido sustituido por intereses particulares, dejando este pilar del Estado como un botín político, según analistas consultados.

Desde el punto de vista de Álvaro Pop, analista independiente, existe un sentimiento de malestar de la ciudadanía hacia el Legislativo, porque la impresión que se tiene de ellos apunta a que son un grupo de gente que vive para sí mismos, que vela por sus propios beneficios e intereses; aunque reconoce que puede haber excepciones, y que ha prevalecido la visión de que este es un espacio para enriquecerse y defender intereses particulares.

Mientras que Mariano González, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), comenta que el Congreso se ha visto como un mercado de transacción de privilegios y que los diputados han visto la política como un ejercicio de poder con beneficios personales y para enriquecerse.

Por su parte, José Gabriel Jiménez, miembro de Congreso Transparente (CT), asegura que los gastos que genera el Legislativo no reflejan ningún beneficio a la institución ni a la población.

En este sentido, Jiménez comenta que este organismo se ha convertido en un botín de los diputados y las personas que lo dirigen en la Junta Directiva, y transformado en una serie grupos familiares que prácticamente tienen sus propios feudos.

 

Ni voluntad ni normas

Estas malas acciones han generado un estancamiento en el Congreso y, por ende, en el país; además, para tener cambios concretos, aseguran expertos, se necesitan cambios legales; no obstante, la voluntad política es un factor importante, tomando en cuenta que constantemente los funcionarios rehuyen las leyes y normas. Lamentablemente, no consideran que haya voluntad y, por el momento, tampoco normas.

Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible (GV), indica que la parte difícil es cambiar los malos hábitos, porque se requiere mucha voluntad, no solo de los diputados, sino de personas internas como los trabajadores que están casi de por vida amparados por los abusivos pactos colectivos, se debe romper con esto que también es cuestión cultural.

En este contexto, Ricardo Barreno, analista político, comenta que debe existir voluntad política, pero también aspectos normativos. Es importante el cuerpo normativo, voluntad política e incluso voluntad ciudadana para participar y exigir, expone el politólogo.

Corregir estos desmanes que ha hecho el Congreso, asegura Víctor Gálvez Borrel, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), es difícil; sin embargo, considera que la esperanza va en la línea de las reformas periódicas que se le tienen que ir haciendo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

 

Sin fiscalización

La CGC no cumple con la obligación de fiscalizar al Legislativo, y es por ello que no advirtió sobre la existencia de las plazas fantasmas y otros casos de corrupción que se han destapado en el pasado en este órgano del Estado.

Y no fue hasta luego que el MP y la CICIG revelaran actos de corrupción en este órgano del Estado, que dio a conocer la existencia de nepotismo y de excesiva contratación de personal asignados a los diputados.

El Congreso aprueba su presupuesto y nadie le dice nada, incluso cuando liquidan a personas que ganan bastante dinero, el Congreso decide si pide más presupuesto, el Congreso es un órgano bastante autónomo y no nos hemos dado cuenta, concluye Gálvez Borrel.

El mayor problema es cuando un ente democrático no es fiscalizado por nadie, porque se dan estos abusos, esta es la razón por la que vemos sobrepoblación en el Congreso, dice Barreno, quien agrega que en todo caso es la Contraloría e, incluso, la Procuraduría, quien puede fiscalizarlo.

En la misma vía opina Jiménez, quien agrega que la Contraloría es la institución encargada de fiscalizar acciones, pero, por la falta de institucionalidad que tiene, no cuenta con voluntad política para tener buena intervención crítica. La elección del contralor, a manos de los diputados, no promueve que haya independencia.

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