Politica

A Roxana Baldetti le llegó la hora

La mujer que ostentó el segundo cargo político más importante del país, que ponía y quitaba funcionarios y disponía del destino de los recursos económicos públicos de la nación, está en prisión preventiva por actos de corrupción, aunque todavía mantiene algunos privilegios.
Álvaro Alay/ aalay@cronica.com.gt
Los muros de impunidad se derrumbaron y la justicia ha alcanzado a la ex vicepresidente Ingrid Roxana Baldetti Elías, la primera mujer en alcanzar el segundo cargo político más importante de la nación y quien al inicio de su gestión aseguraba que sería un gran ejemplo para la población en general, sobre todo para el género femenino.
Luego de tres días de audiencia de primera declaración, el juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la ligó a proceso penal y la envió a prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
Fue recluida inicialmente en el cuartel Matamoros, pero luego se ordenó que fuera trasladada a la cárcel de mujeres de Santa Teresita, ya que se le acusa de ser uno de los principales líderes de la estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera conocida como La Línea.
A veces seria, en otras pensativa y nerviosa, Baldetti vio cómo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), presentó en su contra más de 20 intercepciones telefónicas, las cuales delatan la forma de operar de la estructura en las diferentes aduanas del país y su supuesta participación en ella; además de tablas numéricas que evidencian cómo se repartían los sobornos, y otras pruebas documentales.
Su estatus de todopoderosa empezó a cambiar a partir del 16 de abril último, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP dieron a conocer la existencia de La Línea, emitiendo una orden de captura contra varios altos funcionarios, entre ellos su secretario privado Juan Carlos Monzón, que aún continúa prófugo. El 8 de mayo, el presidente Otto Pérez Molina, con evidente consternación anunció la renuncia de Baldetti.

Captura y privilegios
Como la Crónica de una muerte anunciada, del escritor Gabriel García Márquez, solo era cuestión de tiempo para que la mujer todopoderosa en este Gobierno fuera sentada en el banquillo de los acusados.
La exfuncionaria sentía pasos de gigante, internándose en un hospital privado desde el domingo 16 de agosto. Sin embargo, su captura se hizo efectiva el viernes 21 de este mes, y desde ese momento se empezó a evidenciar que aún gozaba de privilegios. Sin grilletes, la acusada de corrupción salió fuertemente custodiada por fuerzas de seguridad en una camioneta particular, no así en un vehículo del Sistema Penitenciario (SP).
No fue trasladada a la carceleta de la Torre de Tribunales, como ocurre con los ciudadanos comunes, sino fue recluida en el cuartel militar de Matamoros, pese a que estaba prohibido que en esa estructura militar fueran recluidas mujeres.
La mano del Gobierno que la protege, quedó en evidencia cuando, a través de un Acuerdo Ministerial, el 24 de junio, el Ejecutivo modificaba un acuerdo anterior y establecía que el centro de detención para hombres de la zona 1 se destinará para el cumplimiento de penas de prisión de reclusos y reclusas que se encuentren en prisión preventiva y que por su condición representen eminente riesgo de que se atente contra su vida e integridad personal o de otras circunstancias análogas determinadas por el Ministerio Público y juez competente.
Debido a que este centro de detención no estaba acondicionado para recibir mujeres, se menciona que la ex vicepresidenta no fue recluida en el área de prisión del cuartel Matamoros, sino en una residencia que el Ejército le asigna a militares que están de alta, la cual cuenta con todas las comodidades y servicios.
Para su mala suerte, el juez Gálvez resolvió que Baldetti no podía permanecer en el cuartel Matamoros, ya que ella fue recluida en ese lugar, antes de que se hiciera la modificación para poder resguardar a mujeres privadas de libertad. En consecuencia, ordenó que fuera encarcelada en la cárcel para mujeres de Santa Teresita.
Durante los tres días de la audiencia de primera declaración, Baldetti ha sido resguardada por más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del SP, quienes no permiten que nadie se le acerque, incluso la prensa. De esa cuenta, al concluir el segundo día de audiencia de primera declaración, fueron agredidos varios periodistas que intentaban una declaración suya. Uno resultó con un brazo quebrado, en tanto que otros con molestias, debido a un ataque con gas pimienta.
CORRUPTOS DEBEN PAGAR CON SUS BIENES
Los abusos de funcionarios públicos relacionados con la extinción de dominio, tienen que ser identificados, perseguidos y castigados de acuerdo a la ley, afirmó María Laura Aversano, magistrada de la Agencia para la Administración de los Bienes de Italia, quien visitó Guatemala.
En entrevista con Crónica, la magistrada explicó que para esto se hace una investigación patrimonial sobre la persona y su familia, para determinar si hay coincidencias entre los bienes, su estilo de vida y sus ingresos. De confirmarse que son de procedencia ilícita, se procede a la incautación preventiva y luego a la incautación o confiscación penal.
En Guatemala, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) de la Vicepresidencia, tiene como principal función velar por la correcta administración de los bienes; sin embargo, esta institución era presidida por la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ahora se encuentra en prisión y ligada a proceso, acusada de ser una de las dirigentes de la banda de defraudación denominada La Línea, a quien ya le congelaron varios inmuebles a través de extinción de dominio.
Para la magistrada Aversano, en Italia estos ilícitos inician con una denuncia o señalamientos. Pero, una vez empiezan las investigaciones, siempre hay posibilidades de ir descubriendo los hechos de manera clara y a profundidad.
Al referirse a la figura de testaferros, la magistrada indicó que esta es muy utilizada por el crimen organizado; pero, cuando se demuestra que los bienes, a pesar de no ser propiedad de la personas señaladas, son utilizados por ellos, están a su disposición y se puede probar que pertenecen al sindicado, para confiscarlos.
La crisis se puede profundizar en tanto el no varíe su posicionamiento de renuncia, lo cual puede hacer que de la indignación se pase a la rabia.
Todos sus cuadros cercanos lo han abandonado, y si bien unos sec-tores lo sostienen, él ya es un presisdente que no manda. No tiene ningún poder constitucional.

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