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Sindicados en caso Bufete de la Impunidad volverán a prisión

Jose Arturo Morales es el supuesto líder la estructura que fue creada para favorecer a los cabecillas de La Línea / Foto: elperiódico

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal dejó sin efecto las medidas sustitutivas a favor de Ruth Emilza Higueros Alay, Francisco Javier Ortiz Arriaga (en prisión por caso ”la línea”), Miguel Ángel Lemus Aldana (en prisión por caso ”la línea”), Luis Fernando Zapata Mendoza, Jorge Luis Escobar Gómez, José Luis Montenegro Santos y José Arturo Morales Rodríguez; todos están sindicados por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso “bufete de la impunidad”.

El fallo de la Sala se produce tras la apelación que presentaron la CICIG y el Ministerio Público contra la resolución del juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto Morataya, quien el pasado 9 de junio otorgó arresto domiciliario y arraigo para los sindicados, quienes guardaban prisión preventiva desde mayo de 2015.

Los magistrados de dicha Sala argumentaron en su resolución que aunque se hubiesen presentado las conclusiones de la investigación no significaba que ya no existiera el peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad, por el contrario, estos riesgos podrían acentuarse aún más en la fase de juicio. Por estas razones, ordenaron al juez Moto Morataya,  emitiera una nueva resolución para dejar sin efecto dichas medidas.

Antecedentes
Por este caso están ligados a proceso diez personas, entre ellas la jueza Marta Sierra de Stalling y abogados integrantes de la estructura criminal “bufete de la impunidad”, quienes operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una suma de dinero.

El 1 de diciembre de 2015, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal también revocó las medidas sustitutivas a la jueza Sierra de Stalling, sindicada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Sin embargo a la fecha el juez Mynor Morataya no ha ejecutado la orden de dicha Sala.

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