Nacionales

MP y CICIG dan el mayor golpe contra la corrupción en el país

De nuevo aparecen Otto Pérez Molina  y Roxana Baldetti como cabezas de una estructura criminal.  Ahora descubren una vieja práctica del magnate de la televisión,  Ángel González y sus canales de televisión para influir en la política y gobernantes del país.

La Fiscal General, Thelma Aldana y el comisionado de CICIG, Iván Velázquez, explicaron que los ex gobernantes  crearon y utilizaron una estructura mafiosa, que principió a operar durante la campaña electoral, y que luego continuaron utilizándola ya en el Gobierno, al extremo de tener detectados al menos 240 contratos por los que recibieron comisiones millonarias que superan los Q500 millones, aunque no especificaron hasta ahora el monto exacto.

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El primer ejemplo que utilizaron para mostrar la forma en que funcionaba la estructura, involucra a los canales 3 y 7, del empresario mexicano Ángel González, los cuáles les entregaron a Pérez y Baldetti, Q17.6 millones, para luego recibir en publicidad del Gobierno  más de Q240 millones.

González ha sido cuestionado, pero nunca procesado, en varios países latinoamericanos, en donde opera canales de televisión y frecuencias de radio.

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Se destacó también que se utilizaron Q11 millones producto de corrupción para la compra de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo.21 y alDía.  Aun están por dar más detalles sobre esta negociación, en la que aseguran se utilizaron empresas de cartón.  Está detenido uno de los representantes de la compañía, entre los 23 capturados este día, el cooperativista Edín Barrientos.

La explicación que se ha dado, da cuenta de que se utilizaron varios mecanismos para lavar dinero, producto de financiamientos ilícitos que se entregaban en campaña –primero–, y luego se continuó con el mismo mecanismo al llegar al Gobierno.

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Cooptaron el Estado, se apropiaron de las instituciones del Estado, para beneficio propio, con dinero que debiera dedicarse para salud o educación, pero ellos se lo apropiaron, explicó Velázquez, mientras en conferencia de prensa se daban detalles de la forma y nombre de los operadores.

Gran parte de la información que sirvió para seguir la investigación proviene del señor Víctor Hugo Hernández, ahora colaborador eficaz del MP y quien era uno de los operadores de Juan Carlos Monzón y parte de la estructura criminal.  La demás información se obtuvo por medio de documentos incautados en allanamientos, que suman más de 30 documentos que se han procesado.

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El presidente Jimmy Morales, quien llegó poco antes de concluir la rueda de prensa en el Ministerio Público,  se congratuló por lo sucedido en este día histórico, y pidió que se siga haciendo lo correcto para cambiar el país.

Se destacó también la forma en que se lavaba el dinero por medio del sistema bancario, y la forma en que se invertía el dinero obtenido, principalmente en bienes inmuebles –casas, fincas, etcétera–, joyas, viajes, helicóteros, aviones, carros y otros lujos.

Ellos Pérez Molina y Baldetti–, crearon una maquinaria ilícita en campaña electoral, la cual siguieron operando y la ampliaron en el Gobierno, con un andamiaje paralelo similar al que hemos visto en otros casos, como el de TCQ, dijo el comisionado de CICIG, antes de que Aldana confirmara que se ha pedido y logrado el nombramiento de un interventor para la empresa portuaria que está procesada, precisamente por el pago de un soborno de US$30 millones para los gobernantes.

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Las investigaciones no han terminado, respondió Velázquez, cuando se le dijo si habría capturas de algunos ex ministros que pudieran ser parte de estas estructuras.  Trabajamos en otros ámbitos de la investigación, así que en la medida en que tengamos elementos probatorios sustanciales, actuaremos.

Entre las ordenes de captura que no se pudieron ejecutar, se encuentran banqueros, y varias personas que consideran vinculadas con las estructuras descubiertas.

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Este ha sido el mayor operativo que se ha realizado como parte de la lucha contra la corrupción y sin duda el nivel de descubrimientos, que abarca empresas, medios de comunicación y ex funcionarios y particulares, tendrá repercusiones en el orden político y económico del país.

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