Nacionales

ENFOQUE: Presidente, un cargo de alto riesgo

Gonzalo Marroquín Godoy

Recuerdo que siendo yo un niño –y eso significa hace mucho tiempo–, se decía en broma cuando viajábamos para la Costa Sur, que el único quetzal que el presidente Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) había dejado, era el de piedra que se encuentra al lado de la antigua carretera Palín-Escuintla.

Por supuesto, nunca se hizo alguna investigación sobre su administración, por más que se decían muchas cosas, ya que en aquel entonces –como sucedió con casi todos los gobiernos militares que se sucedieron–, era impensable que se fiscalizara a los todopoderosos generales que llegaban al poder.

Creer que por llegar al más alto cargo público se puede abusar de la posición se ha vuelto peligroso; empieza a caer el muro de la impunidad.

Recuerdo eso si, que a la caída de Romeo Lucas García, se dijo que se habían gastado cientos de millones para desarrollar la famosa Franja Transversal del Norte, pero no se llegó a construir ni un kilómetro de la carretera. El gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt –por supuesto– no investigó ningún acto de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Los gobiernos se sucedían y eran tapadera cada uno del anterior.

Cuando se inicia la “era democrática-civil” que ahora vivimos, la situación pareció seguir por el mismo rumbo un tiempo, hasta que, en buena medida por la función fiscalizadora de la prensa independiente, las cosas cambiaron lentamente, hasta que irrumpe la CICIG bajo el mando de Iván Velásquez y el MP bajo la batuta de Thelma Aldana.

Los cambios han sido tan radicales, que de ocho presidentes electos democráticamente, seis han enfrentado o enfrentan acusaciones y procesos judiciales, dos de ellos guardan prisión –Otto Pérez Molina y Álvaro Colom–, otro cumplió condena por corrupto –Alfonso Portillo–, dos más están actualmente bajo señalamientos penales –Jimmy Morales y Álvaro Arzú–, y el último se esconde en Panamá de cualquier acusación –Jorge Serrano–.

Solamente Vinicio Cerezo y Oscar Berger se han salvado de la persecución penal, lo que refleja el peligro que implica caer en la tentación de abusar del poder y enriquecerse a costa del erario nacional. También muestra que el sistema político, los partidos y los candidatos, no han estado al servicio del pueblo, sino a su propio servicio. Por eso estamos como estamos.

Ahora se habla de modificar el tristemente célebre delito de financiamiento electoral ilícito, lo cual puede convertirse –si sucede– en un grave error y, por supuesto, en una tapadera para que el sistema corrupto no cambie.

Lo que los hechos están mostrando, es que se necesita destruir ese entramado que se ha construido para beneficiar a los financistas corruptos, a los gobernantes de turno y a toda esa clase política –que no son todos los políticos, porque hay unos pocos correctos y bien intencionados–. Para lograr esto, se debe terminar con esa práctica que hacía que los gobernantes llegaran al poder muy cómodamente cooptados y comprados.

Y lo que estamos viendo es lo que la CICIG y el MP han podido encontrar, pero seguramente hay muchísimas cosas que no saldrán nunca a relucir, posiblemente por el paso de los años y el desvanecimiento de las pruebas.

Por ejemplo, las concesiones que se hicieron durante el gobierno de la Democracia Cristiana (DC) y Vinicio Cerezo, las jugosas –para algunos– privatizaciones, de Arzú, que terminaron siendo toda una piñata de bienes del Estado, pero en una fiesta en la que solamente unos pocos entraban para recoger los “dulces” que dejaron las ventas dirigidas de la telefónica, la electricidad, el ferrocarril, una autopista, correos, y hasta los silos de Indeca.

Al expresidente Arzú le está cayendo la justicia no por todo aquello, sino por cosas más menudas de su actuar como alcalde. Suerte la suya, aunque aún falta que se destape del todo la famosa Caja de Pandora y el Transurbano, los dos casos por los que se le investiga.

Ya vimos que no es casualidad que haya “vasos comunicantes” entre personajes de diferentes casos de corrupción, como tampoco es casualidad que los presidentes caigan en la tentación de enriquecerse. La ambición es la que ha terminado matando a estos gatos, más deseosos de hacer grandes negocios que de gobernar a favor del pueblo.

De Jimmy Morales lo único que se sabe hasta ahora es que su partido y él en lo personal, actuaron con la “vieja política” recibiendo dinero ilícito en la campaña electoral, y luego que se ha protegido también con esas prácticas oscuras del pasado.

Los guatemaltecos debemos pensar bien ¿qué país queremos?. El problema de fondo está en esa “vieja política” de los politiqueros que se resiste al cambio. Meditemos… ¿Ha sido malo para el país que se destape esta práctica tan común?

 

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