Economia y empresas

“Nuevo contrato para sanear TCQ sería una salida integral para el Estado”

Conversatorio con Alexander Aizenstatd, interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Con la consigna de velar por los intereses de país, el Interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal, propone que en lugar de extinguir esta portuaria, se anule el contrato anómalo y se cree otro con APM, una oferta que ya fue aceptada por la casa matriz, que incluiría una indemnización de US$43.2 millones, y que en 21 años sea propiedad nacional; ahora, le corresponde al Estado de Guatemala decidir si la acepta o pide su extinción.


Elder Interiano einteriano@cronica.com.gt


¿Cuál ha sido su experiencia como interventor de TCQ?

Soy un interventor nombrado juez de Extinción de Dominio y en este mes y medio he tomado el control de la administración, realizando una investigación bastante profunda de la contabilidad, de los contratos legales. Soy auxiliar del juez en el proceso cautelar de extinción de dominio, o sea que no se ha pedido la extinción, solo la intervención.

Acepté el cargo por solicitud de Iván Velásquez, él me lo pidió, el MP me propuso, y acepté porque es una oportunidad para mandar un mensaje optimista de las cosas, de cómo se pueden resolver estos problemas. Cuando llegué, mi intención no era tratar de buscar una solución en los términos que presenté en la conferencia de prensa, sino llegar a extinguir los bienes; pero las circunstancias financieras y operativas de la compañía me hacen llegar a la conclusión de que esas opciones no son las más viables o mejores para el Estado, tomando en cuenta que cuando el MP descubrió esas anomalías no era APM Terminals—la matriz que posteriormente compró la compañía— la propietaria de TCQ.

¿Cuál es la situación de TCQ y qué tan moderna es la portuaria?

La terminal no está en operación actualmente, aunque está adecuadamente construida, de hecho esa fue una de las preocupaciones y por ello solicité un dictamen.

TCQ es de las tres más modernas de Iberoamérica, es grande para Guatemala. La maquinaria es de la más moderna que existe, que son principalmente dos grúas —faltan otras dos— de fabricación sueca, que del suelo al puesto de control tiene 16 niveles de altura; como que fueran dos grandes edificios, cuestan más de US$8 millones cada una, y operan con un software especializado. El muelle está soportado por más de 500 pilotes enterrados a una profundidad de 55 metros, los expertos dicen que no vieron defectos de calidad o materiales, sino al contrario, estuvieron impresionados con lo robusto de las estructuras y ya está listo para operar, solo falta que otorgue la licencia la SAT.

¿Qué es entonces lo que falta para que empiece a operar?

Desde el punto de vista económico, es una terminal portuaria muy cara, tengo más de 70 empleados, hay que darle mantenimiento a las máquinas, hay que pagar arrendamiento, que son más de Q700 mil al mes, hay que pagar intereses de préstamos.

La semana pasada que llegué hubo que pagar intereses por más de un millón y medio de dólares, ahora, solo en préstamos son US$126.5 millones, entonces, una terminal que no opera y que tiene estos gastos fijos tan grandes, cómo se espera que subsista. Hasta ahora ha subsistido con dinero que se encontraba en caja, una señal de buena fe de los propietarios, porque ahí estaba el dinero, eran más de US$10 millones, pero esos fondos ya son insuficientes.

¿Cuánto necesitaría este año para que inicie funciones TCQ?

Según el director financiero, para terminar este año y no ir a la insolvencia se necesita que la terminal entre en operaciones pronto, además US$18 millones 48 mil, porque hay que pagar préstamos, ahorita en diciembre hay que hacer el primer pago en capital, ya no solo intereses, son capital. De intereses son como millón y medio y con capital más de dos millones de dólares.

A parte, hay deudas con los constructores de la terminal, US$8 millones 512 mil, pues de maquinaria se deben US$9 millones 534 mil.

Me dicen que para el otro se necesitan, incluso operando, otros US$21 millones 145 mil, o sea que incluso operando no es suficiente para cubrir los costos, lo cual es usual porque es un proyecto a largo plazo, que genera utilidades repartibles dentro de unos nueve a diez años, y de ahí ya son ganancias.

¿Cómo está integrada TCQ y APM?

La estructura está integrada de la siguiente manera: Está TCQ, la sociedad anónima guatemalteca, arriba está TCB, que es española, arriba está APM, de España, y arriba está APM, con sede en Holanda; que son los propietarios del 85 por ciento de las acciones de TCQ.

APM está en Holanda, pero todo el software, el conocimiento técnico y el apoyo administrativo, está en España, el problema es que no opera, entonces ellos han  tenido un par de acercamientos indicando que les gustaría buscar una solución que les permitiera recuperar la inversión y operar. A raíz de ello ha habido una que otra propuesta, entonces yo tomé en cuenta esa información, los intereses del Estado, y de alguna información de funcionarios, y a partir de eso se elaboró esta propuesta.

¿Qué otras opciones legales hay para este caso?

Hay dos juicios, la vía de la extinción y el juicio de nulidad en lo contencioso administrativo, en el primero tendría que presentarse la solicitud, la cual no se ha hecho; una vez se presente se inicia el proceso y eso podría durar unos dos años, si es que no hay amparos y otros recursos.

El problema es que en pocos meses la compañía está en insolvencia y puede entrar en un proceso de quiebra, y si no se le da el adecuado mantenimiento a la maquinaria y a las instalaciones, se pueden perder, no se tiene mucho tiempo.

Igual, en lo contencioso administrativo se llevaría unos tres años, un proceso más largo por los amparos y otros recursos que contempla nuestra legislación y que no se le puede limitar a los inversionistas.

Pero, analizando la vía de la extinción de dominio, si se extingue la empresa, incluyen los activos y los pasivos, o sea las deudas, porque es un todo, entonces el Estado sería responsable de los 126.5 millones de dólares, más intereses serían otros US$40 millones, más las deudas de construcción, maquinaria, etc. Si en estas condiciones fuéramos dueños de TCQ, adquiriríamos una empresa con más deudas que activos.

¿Si todos aceptan su propuesta, cuáles serían los pasos?

Antes que nada quiero insistir en lo siguiente, nada de lo que está sugerido tiene efecto alguno en los juicios penales, en lo más mínimo, quien cometió delitos tendrá que ir a la cárcel, no se le reducirán para nada las penas.

La propuesta es anular los contratos, porque no fueron obtenidos adecuadamente, como indica el MP y la CICIG, no sería apropiado seguir dándole validez, aunque hasta el día de hoy son válidos. Luego habría que realizar un nuevo contrato, limpio, sin ese origen espurio, con los nuevos dueños.

Sería un contrato nuevo, con mejores términos, primero ya no sería de usufructo, porque lo que argumenta la PGN y el MP es que se cometió fraude al denominar usufructo lo que debió haber sido de concesión.

El contrato sería por 21 años, el actual es por 25, pero ya han pasado cuatro. Esto le daría a APM nueve o diez años para recuperar sus costos, porque además tendría que pagar los US$18 millones para operar en este año y los US$21 millones para el 2017.

Al terminar el período, la infraestructura física se vuelve propiedad de la empresa  portuaria, pero se agregarían las máquinas, grúas, vehículos, equipo de carga y descarga; todo eso será de Guatemala.  Así el país tendría en ese tiempo un puerto en pleno estado de funcionamiento, que además incluiría una máquina de rayos X, que ellos la pagarían y que tiene un costo de US$6.5 millones.

Y finalmente, APM tendría que pagar una indemnización al Estado, equivalente al monto de su  inversión, o sea el 85 por ciento, que son US$43.2 millones. Entregaría de forma inmediata US$32.7 en efectivo y luego US$10.5 millones en inversiones de US$500 mil cada año para mejorar la  vida de la gente alrededor del puerto, en proyectos de desarrollo, como salud, educación.

¿De concretarse un nuevo contrato, qué mensaje daría al país TCQ?

Yo estoy buscando una salida más decorosa e íntegra para el Estado, aquí no estamos cediendo a presiones de la empresa, estamos mandando un mensaje muy fuerte, si ustedes hacen cosas impropias en Guatemala, les va a caer todo el peso de la ley. Únicamente si se dan estas circunstancias excepcionales, y están dispuestos a estas medidas, entonces podemos considerar otra vía.

TCQ podría mandar un buen mensaje  en ese sentido, que sería digno, económicamente bueno para la gente y con posibilidades de desarrollo. La conferencia de prensa fue en la torre de tribunales, y desde ahí se ve la estación de ferrocarriles, que es maquinaria completamente abandonada y destruida, TCQ podría ser eso en poco tiempo; ese caso también fue usufructo, también tuvo malos manejos, y ahora es un cementerio de vagones. Creo que esta portuaria también podría ser un cementerio de grúas, pero las circunstancias en este momento nos permiten tomar una salida digna.

El nuevo contrato no afectaría en nada la persecución penal contra los que resulten responsables de los ilícitos, agrega.

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