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Decretan Estado de Calamidad en Petén por incendios forestales

Por un período de 30 días, Petén permanecerá en Estado de Calamidad en Petén, ya que más de 8 mil hectáreas de bosques se incendiario  y están en riesgo otras 200 mil más.

Los monitoreos realizados apuntan a que al menos 15 incendios forestales están activos en el departamento.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) demandó ayer al Estado dar prioridad y atender la protección del medioambiente y sobre todo hacer cumplir la ley respecto de la conservación, sostenibilidad y mejoramiento de los recursos naturales.

La PDH ha abierto128 expedientes vinculados a posibles violaciones al derecho al ambiente sano y seguro. A esto se suma que el Ministerio de Ambiente registró 958 incidentes por distintas infracciones ambientales e interpuso 83 denuncias al MP.

La Fiscalía recibió 927 denuncias en 2014-2105, de las cuales  316 fueron por contaminación, 218 tráfico ilegal de flora y fauna, 171 tala de árboles de especies protegidas y 87 usurpaciones de áreas protegidas.
De estas denuncias 62 por contaminación industrial, 44 atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, 7 contra los recursos forestales, 8 protección de la fauna, 3 cambio de uso de tierra sin autorización, 5 usurpación de aguas, y por 2 recolección, utilización y comercialización de productos forestales.

La  CONRED mantiene la alerta roja en el departamento de Petén, luego de que se incrementaran los incendios forestales en la zona.

Aunque este tipo de problemas se da en todo el territorio nacional, el fenómeno es más visible en los departamentos de Petén —especialmente en la valiosa Biósfera Maya—, Izabal y Quiché. Aunado a eso, existen 181 clases de animales vertebrados en peligro de extinción y no menos de 29 se consideran extintos.

Unos 161 incendios forestales se han registrado en el departamento de Petén, 152 de los cuales se extinguieron gracias a las lluvias, 8 están siendo controlados y 1 sigue activo.

La medida en Petén, oficializada hoy, da cuenta que se orden a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la Conred adopten todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la población de ese lugar.

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