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Aún se investiga posible negligencia ante tragedia de volcán de Fuego

A dos meses de la erupción del volcán de Fuego que sepultó una comunidad en el sur de Guatemala, dejando 163 muertos y 262 desaparecidos, sigue en curso la investigación para determinar si hubo negligencias en la evacuación de pobladores, informó este viernes la fiscalía.

“La investigación está en desarrollo. Está avanzando pero no ha concluido”, dijo a la AFP Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público.

La funcionaria explicó que la sección de Delitos Contra la Vida de la fiscalía busca establecer si se activaron los protocolos de respuesta antes de la catástrofe, y señaló que aún no se puede determinar cuánto tiempo más se llevará la investigación.

Indicó que la fiscalía ha recopilado información de “todas las instituciones involucradas en la emergencia” y ya entrevistó a 450 sobrevivientes de la tragedia.

Además, está analizando las comunicaciones telefónicas y de mensajería que tuvieron “las personas involucradas” en la evacuación de pobladores de la zona.

El volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura y localizado 35 km al suroeste de la capital, tuvo una violenta erupción el pasado 3 de junio seguida de una avalancha de flujos piroclásticos (mezcla de rocas, gases y ceniza), que devastó la comunidad San Miguel Los Lotes, en la ciudad de Escuintla, y afectó aldeas vecinas.

Cuatros días después, la fiscalía inició una investigación de oficio luego de que altos funcionarios de gobierno entraron en una serie de acusaciones durante una citación en el Congreso por la responsabilidad de tener que emitir las alertas y ordenar evacuaciones.

Diputados opositores denunciaron por homicidio culposo e incumplimiento de deberes a Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ente a cargo de la Protección civil.

Más de 3.000 personas fueron alojadas en escuelas e iglesias improvisadas como albergues, y desde el lunes pasado las autoridades iniciaron su traslado a casas de madera temporales en una finca estatal en Escuintla, donde se planificará construirles viviendas definitivas.

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