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Financiamiento electoral ilícito persigue al Presidente Jimmy Morales

Al presidente Jimmy Morales le persigue el delito de financiamiento electoral ilícito y una vez más debe enfrentar un proceso de antejuicio que conocerá primero la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para decidir si lo traslada al Congreso, donde se espera una batalla política para decidir si se le retira o no la inmunidad al mandatario.

El MP y la CICIG presentaron ayer dos antejuicios por el mismo tema.  El otro es contra la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), que deberá enfrentar el proceso  en instancias del Organismo Judicial, que conoce también varias denuncias contra  diputados por este y otros delitos.

El caso contra el presidente Morales es el mismo por el que varios empresarios ya han reconocido que dieron fondos en el año 2015 para la campaña electoral  del partido FCN-Nación –que ya tiene abierto expediente para su cancelación–, sin que ese dinero fuera reportado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Esta situación complica el futuro del Presidente, pues son públicas y evidentes las pruebas en poder del MP y la CICIG sobre la forma en que ingresaron y se utilizaron los fondos –más de Q7 millones–, aunque hasta hoy, el presidente Morales ha insistido en negar que hubo financiamiento electoral ilícito.

La diputada Montenegro fue denunciada por no reportar al TSE cerca de Q2millones que habrían ingresado a su partido durante las campañas 2011 y 2015.

El comisionado Iván Velásquez dijo en conferencia de prensa que con los antecedentes que se están presentando a los tribunales y a la opinión pública en general “es de esperarse que esta práctica (de financiamiento electoral ilícito) no se presente más en el futuro”.

El presidente Jimmy Morales ya enfrentó un antejuicio por el mismo delito en agosto y septiembre del 2017, pero su partido FCN-Nación y un grupo de aliados al oficialismo lo protegieron, impidiendo que se lograran los 105 votos necesarios para retirarle la inmunidad a un mandatario.

Ese caso está archivado en el Congreso, que ahora deberá votar nuevamente si la CSJ envía el antejuicio al Organismo como es de esperarse por las pruebas que existen.

La CSJ ha desestimado otros casos de antejuicio contra el Presidente, entre ellos, uno planteado por la muerte de 41 niñas en el llamado “Hogar Seguro” de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, otro por haber recibido ilegalmente durante un año un “bono de riesgo” que le pagaba el ministerio de la Defensa.  La corte también rechazó un antejuicio por concesión de terrenos por parte del Ejecutivo y el último por la reacción de las autoridades en ocasión de la tragedia del volcán de fuego.

La fiscal general, Consuelo Porras dijo que “el caso está sustentado con pruebas”, y explicó, junto con el comisionado Velásquez, el proceso que ahora debe seguirse.

En la anterior ocasión, la Corte Suprema recibió la solicitud de antejuicio el 25 de agosto de 2017 y le dio trámite el 4 de septiembre.

El procedimiento en el Congreso es que se tiene que nombrar obligatoriamente una comisión pesquisidora, la que evalúa los indicios y pruebas que presentan el MP y la cicig.  Luego escucha a las partes y hace una recomendación al pleno, que tiene que votar.  Se requiere de las dos terceras partes de los diputados para quitar la inmunidad al Presidente y que pueda ser sometido a juicio.

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