Protección de los derechos de los detenidos y funcionarios penitenciarios | EL UNIVERSAL

El primer tribunal administrativo oral del circuito de Sincelejo protegió los derechos fundamentales a la vida, la salud, el trabajo decente y la dignidad humana de los trabajadores y la población privada de libertad, en los establecimientos penitenciarios de La Vega en esta ciudad. y el de aislamiento. Corozal Especial.

La acción de tutela fue presentada por la Unión de prisioneros colombianos y funcionarios penitenciarios, sección Sincelejo, contra el Ministerio de Justicia; Prisión y Unidad de Servicio de Prisiones (Uspec); Instituto Nacional de Penitenciarías y Prisiones (Inpec); Departamento de Azúcar; ARL Positiva Compañía de Seguros y los municipios de Sucre.

La decisión ordena al Instituto Penitenciario y Penitenciario Nacional (Inpec) que brinde personal de gestión, administración, custodia y vigilancia, entre otros con quienes tienen una relación laboral directa, que prestan sus servicios en estos establecimientos. , los elementos de seguridad necesarios. prevenir la propagación y propagación del virus COVID-19, de conformidad con las directrices para el control, prevención y gestión de casos de la población privada de libertad, diseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. (También puede leer: Realizan un día de desinfección en la prisión de La Vega en Sincelejo)

También ordena a la Unidad de Prisiones y Servicios Penitenciarios y al Consorcio del Fondo de Atención Médica para Personas Privadas de Libertad (compuesto por Fiduprevisora ​​SA y Fiduagraria SA) que proporcionen los elementos de seguridad necesarios para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19.

Asimismo, ordena al Consorcio del Fondo de Atención Médica para Personas Privadas de Libertad que solicite a los establecimientos de salud – IPS o cualquier otra persona u organización que forme parte de su “red de prestación de servicios de salud”, con aquellos que tienen contratos derivados en progreso, que garantizan que el personal de salud bajo su cuidado, que presta sus servicios en los establecimientos penales antes mencionados, tenga los elementos de seguridad necesarios para prevenir la propagación y propagación del virus COVID-19.

Los directores de las cárceles, en coordinación con el Servicio Penitenciario y de Prisiones, exigirán y garantizarán que los contratistas y / o el personal que proporcionan alimentos a las personas privadas de libertad en dichos centros de detención cumplan con las pautas para prevenir la propagación de COVID-19 en el suministro de alimentos.

Según el fallo, el INPEC, durante el período de 3 meses previsto en el artículo 27 del decreto legislativo n ° 546 de 2020, y / o su posible extensión, debe suspender el traslado de las personas afectadas con medidas que garanticen la detención. preventivo y sentenciado. se encuentran en centros de detención de transición, como las estaciones de policía de Sucre y las unidades de reacción inmediata, en establecimientos penitenciarios y penitenciarios del orden nacional.

La condena ordenó a los 26 municipios de Sucre a tomar medidas administrativas para garantizar condiciones dignas de confinamiento (ventilación, espacio, separación de hombres y mujeres, acceso a baños, luz solar, etc.) de personas privadas de libertad que están en centros de detención de transición, como estaciones de policía, unidades de reacción inmediata, etc., ubicadas en sus respectivas áreas de jurisdicción, una orden que pueden ejecutar en coordinación entre sí y con el Departamento.

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