CIUDAD DE GUATEMALA — La audiencia inicial de un destacado periodista guatemalteco ante un juez fue aplazada el miércoles cuando el juez anunció que los abogados del acusado también eran objeto de la investigación del gobierno.

Tras la audiencia, José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, dijo que el caso “es un montaje efectivamente diseñado y armado por el presidente, el fiscal general y otras personas”.

La oficina de la procuradora general Consuelo Porras arrestó a Zamora por cargos de lavado de dinero, pero durante la audiencia del miércoles, Zamora y sus abogados también fueron acusados ​​de extorsión.

La nueva demanda supuso que los abogados de Zamora ya no pudieran defender a su cliente de algo de lo que ellos mismos estaban acusados.

“Es éticamente inapropiado”, dijo Romeo Montoya, uno de los abogados de Zamora.

El cargo de extorsión provino del empresario Ronald Navarijo García, quien previamente había sido arrestado por cargos de corrupción por supuestamente conspirar con directores del Banco de los Trabajadores, o Banco dos Trabalhadores, para malversar sus fondos. Navarijo se encuentra bajo arresto domiciliario y aún no se ha programado su juicio.

Navarijo alega que Zamora lo extorsionó por alrededor de $25,000 para influir en el caso en su contra.

Zamora dijo que recientemente se reunió con Navarijo. En esa reunión, dijo, Navarijo le dijo que el fiscal Rafael Curruchiche, quien demanda a Zamora, le pidió a Navarijo el 15% de los más de $4.2 millones que la Fiscalía General de la República congeló en el caso del empresario.

Zamora agregó que Navarijo le dijo que Curruchiche también pedía otra cosa: que Navarijo denunciara a “personas que molestaban a la Fiscalía General y al régimen”.

El periodista fue detenido en su domicilio el viernes por agentes y policías armados con fusiles. Las autoridades también allanaron las imprentas de El Periódico.

Grupos de libertad de prensa se han quejado por la detención del laureado Zamora. Los críticos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei dicen que su arresto es un intento de silenciar a un destacado crítico cuyo periódico era conocido por investigaciones que revelaron corrupción y un poderoso mensaje a otras voces disidentes en Guatemala.

El gobierno de Estados Unidos sancionó al fiscal general de Guatemala, así como a Curruchiche, a quien Porras puso a cargo de las investigaciones de corrupción, por su presunta participación en actos de corrupción.