Un tribunal guatemalteco condenó al expresidente Otto Pérez Molina a ocho años de prisión.

Pérez Molina, quien fue destituido de su cargo en 2015 debido a protestas anticorrupción, se declaró culpable de lavado de dinero, fraude y corrupción.

Los fiscales dicen que recibió millones de dólares en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a varias empresas.

El hombre de 72 años se encuentra en prisión desde su arresto un día después de su renuncia.

Él y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya habían sido declarados culpables el año pasado de organizar un plan de soborno en las autoridades aduaneras guatemaltecas.

Ambos casos de corrupción fueron descubiertos con la ayuda de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo creado por Naciones Unidas en convenio con Guatemala para erradicar la corrupción en el país centroamericano.

La CICIG investigó denuncias de corrupción en los niveles más altos.

El organismo respaldado por la ONU fue expulsado de Guatemala en 2019 por el sucesor en el cargo de Pérez Molina, Jimmy Morales, cuando comenzó a investigar a Morales por presuntas irregularidades en el financiamiento durante su campaña electoral.

La expulsión de la CICIG generó fuertes críticas de grupos anticorrupción en Guatemala, así como en Estados Unidos y la Unión Europea.

La actual administración del presidente Alejandro Giammattei también ha sido acusada de obstruir investigaciones de corrupción.

El año pasado, el Departamento de Estado estadounidense acusó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, de obstruir investigaciones «para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos», tras ordenar el arresto de varios fiscales anticorrupción.

Desde entonces, decenas de fiscales y jueces guatemaltecos han huido del país por temor a ser arrestados.

Los guatemaltecos dijeron a los investigadores que la corrupción generalizada era una de sus principales preocupaciones, lo que los llevó a votar por un político externo que hizo campaña con la promesa de erradicar la corrupción.