El Congreso y los tribunales han declarado durante mucho tiempo que todo residente de los Estados Unidos tiene derecho a servicios sociales esenciales, como atención médica de emergencia y educación para sus hijos. Esto se aplica a todos, independientemente del color, la nacionalidad, la preferencia de género o la religión. Es uno de los derechos humanos fundamentales que hace de Estados Unidos una nación grande y saludable.

Existe el mito de que los inmigrantes indocumentados dañan la economía estadounidense. Pero, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, la Oficina del Censo y muchas encuestas, los inmigrantes indocumentados aumentan el tamaño de la economía estadounidense y contribuyen a su crecimiento económico. Benefician a los consumidores (usted, sus vecinos) al bajar los precios de los bienes y servicios y contribuyen más a los ingresos fiscales de lo que recaudan de los servicios gubernamentales. La legalización de los inmigrantes indocumentados aumentaría sus ingresos y consumo y, por lo tanto, aumentaría aún más el producto interno bruto estadounidense.

Los inmigrantes indocumentados pagan impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas e impuestos sobre la propiedad, al igual que los residentes legales. Entre el 50% y el 75% de ellos pagan impuestos individuales, de Seguridad Social y Medicare. Además, el IRS estima que alrededor de 6 millones presentan declaraciones de impuestos individuales cada año.

También existe el mito de que los inmigrantes indocumentados son una carga para los sistemas escolares de Estados Unidos. Aproximadamente 2 millones de ellos son niños en edad escolar (menos del 4% de los 54 millones de niños en edad escolar en los Estados Unidos). Su educación se paga con impuestos estatales y locales que pagan sus padres. En algunos estados (como Missouri, Nuevo México y Texas), se cobran más «impuestos escolares» a los inmigrantes indocumentados que los que se gastan en la educación de sus hijos. Según la Oficina del Contralor de Texas, el estado recauda $ 424 millones más en ingresos de inmigrantes indocumentados de lo que gasta para brindar educación, salud y actividades de aplicación de la ley a esa población.