Cerca del 57% de los nicaragüenses están preparados para migrar, principalmente a Estados Unidos, según una encuesta realizada por la empresa costarricense Cid Gallup en septiembre y octubre y publicada por el diario digital Confidencial.

Las tres razones principales dadas fueron la falta de empleo, el alto costo de vida y la corrupción gubernamental.

DORMIR EN LAS CALLES

El deseo de irse hizo que personas de todas partes de Nicaragua acudieran a las oficinas de migración en Managua para solicitar un pasaporte.

Muchos duermen en la calle sobre colchones o cartones.

El número de emigrantes no se registra oficialmente. pero la oficina de migración dijo en su sitio web que había emitido más de 20.000 pasaportes, incluidos 2.000 para niños, entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre.

El presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, insistió la semana pasada en que las sanciones impuestas por Estados Unidos al país fueron las culpables del éxodo masivo.

Además del propio presidente, EE.UU. ha sancionado a más de 30 familiares, aliados y empresas vinculadas al gobierno.

Washington impuso sanciones después de una brutal represión de 2018 contra los manifestantes antigubernamentales.

“Sigan imponiendo sanciones y vendrán más inmigrantes a Estados Unidos, por mucho que quieran cerrarles la puerta”, dijo Ortega.

Las estadísticas estadounidenses muestran que los guardias fronterizos rechazaron a 164.000 nicaragüenses indocumentados en 2022, tres veces más que el año anterior.

Casi una cuarta parte de los nicaragüenses vive en la pobreza, según cifras oficiales. La economía más pequeña de Centroamérica ha estado sumida en una crisis política y económica desde 2018, cuando Ortega fue criticado por escalar el autoritarismo.

Manuel Orozco, del grupo de expertos Inter-American Dialogue, con sede en Washington, dice que la política es en gran parte culpable de la migración.

“La persecución en Nicaragua es tan bestial que la gente prefiere arriesgarse a irse que quedarse y exponerse a más represión”, dijo.

Las autoridades arrestaron a más de 200 figuras de la oposición y declararon ilegales a unas 2.000 organizaciones civiles.