Un exministro prófugo vinculado a una incautación de efectivo multimillonaria se entregó a las autoridades guatemaltecas en el momento oportuno, después de que la unidad contra la impunidad que investigaba su caso fuera destruida.

José Luis Benito Ruíz, quien se rindió El 21 de enero en un juzgado en las afueras de la ciudad de Guatemala, no se lo había visto desde que la Fiscalía General lo acusó de lavado de dinero hace más de un año. Benito Ruiz había sido parte del gabinete del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), desempeñándose como su ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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La Fiscalía General de la República acusó a Benito Ruiz de lavado de dinero tras el aprovechar aprovechar de 122.351.456 quetzales (alrededor de $15,5 millones) en octubre de 2020. El efectivo fue encontrado en 22 maletas dentro de una vivienda que había sido alquilado por Benito Ruiz, según fiscales de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad de Guatemala – FECI), que realizó el decomiso.

El exministro también se enfrenta cargos de fraude en caso aparte. Las caricaturas se relacionan con la construcción de un importante proyecto de carretera mientras estaba en el cargo. Los fiscales acusan a Benito Ruiz de firmando un contrato de obra pública fraudulento que había sido adjudicado a una empresa de ingeniería como parte del proyecto.

Esposado y frente a un enjambre de reporteros a la salida del juzgado, Benito Ruiz toldo reporteros que se había entregado «espontáneamente» y «voluntariamente». Cuando se le pidió que explicara sus quince meses prófugo, respondió, «estas son cuestiones políticas».

«Tenemos que prepararnos emocional y legalmente», agregó.

El exfuncionario, que ahora espera una audiencia de primera comparecencia, fue designado ministro en 2018 por el presidente Morales. Morales también ha sido vinculado a la investigación de corrupción en las carreteras.

Análisis de InSight Crime

La entrega de Benito Ruiz se produce en medio de un clima en el que la Fiscalía General de la República de Guatemala ha mostrado poca voluntad para abordar los casos de corrupción. De hecho, la procuradora general Consuelo Porras ha encabezado una campaña para debilitar la misma unidad contra la impunidad y los tribunales que llevan el caso del exministro.

Porras destituyó a los dos fiscales principales que encabezaban los casos contra Benito Ruiz. Primero, en abril de 2020, ella transferido un alto fiscal anticorrupción, Stuardo Campo, lejos de la unidad que dirige la investigación de corrupción en las carreteras.

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Luego, solo unos meses después, Porras despidió al director de la FECI, Juan Sandoval, cuya unidad acusó a Benito en el caso de lavado de dinero. Sandoval ahora está exiliado en los Estados Unidos.

La decisión de Benito Ruiz de entregarse también se produce días después de que la Fiscalía General lanzara ataques legales contra un juez reconocido internacionalmente en el Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala, uno de los que están en línea para escuchar el caso de Benito Ruiz. La jueza Erika Aifán también recibió recientemente una impugnación legal de la FECI, exigiendo que sea apartada de un caso de corrupción de alto perfil, elPeriódico reportado.

Ha habido especulación que Benito Ruiz pudo haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía General para convertirse en testigo colaborador antes de entregarse, aunque el titular de la FECI ha negado cualquier conocimiento de tal acuerdo.

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