El tribunal podría quitar la inmunidad procesal otorgada a los jueces, abriendo Xitumul a demandas de personas a las que ha condenado a prisión, un grupo que incluye a varias figuras poderosas, entre ellas el ex dictador Efraín Ríos Montt y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

La Corte Suprema generalmente decide estos casos el día en que se presentan.

El juez recibió amenazas después de una sentencia de 80 años por genocidio que impuso en 2013 a Ríos Montt, que luego fue anulada por la Corte Constitucional del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno que tomara medidas para proteger a Xitumul y otros jueces en la sala de tribunales de alto riesgo de Guatemala.

Dice que los opositores se están aprovechando del incidente de tráfico de 2019 para enviar un mensaje a otras autoridades que trabajan contra los corruptos y poderosos.

La policía detuvo el vehículo de Xitumul frente a su casa, diciendo que parecía sospechoso, y le dijo que saliera para que pudieran registrarlo.

El juez, que estaba con la familia dentro del vehículo, se negó, alegando que no había hecho nada malo.

La disputa desembocó en insultos y riñas, en las que un oficial agarró a Xitumul por el cuello. Luego del incidente, Xitumul denunció al policía por abuso de autoridad y la policía denunció al juez por lo mismo, y por obstruir a un policía.

Los fiscales procesaron la denuncia policial contra Xitumul mientras buscaban rechazar la denuncia del juez contra la policía.

El Observatorio de la Independencia Judicial de Guatemala, un grupo de vigilancia apoyado por el grupo internacional Impunity Watch, emitió un comunicado el martes calificando el caso contra Xitumul de «malicioso».

Dijo que el juez de instrucción en cuyo informe la Corte Suprema basará su decisión en nunca entrevistó a Xitumul.

“La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de proteger el ejercicio independiente de los jueces de alto impacto, velando por que no sean víctimas de una persecución espuria que solo busca socavar la lucha contra la impunidad y la corrupción”, dijo la organización.

El caso llega en un momento en que el sistema de justicia de Guatemala parece estar siendo atacado por sus propias filas, así como por otros elementos de la élite política y económica del país.

Los grupos de derechos humanos y el gobierno de los Estados Unidos expresaron su preocupación por los intentos de interferir con los esfuerzos anticorrupción y colocar a figuras comprometidas en los tribunales más altos del país.

En 2019, el gobierno guatemalteco expulsó a una misión anticorrupción organizada por la ONU que había ayudado a procesar a varias figuras poderosas. Desde entonces, los fiscales que trabajaron con la comisión y los jueces que escucharon sus casos se han visto sometidos a una presión cada vez mayor.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, huyó a Estados Unidos en julio tras ser destituido de su cargo por el fiscal general. Estaba investigando acusaciones de corrupción que involucraban al presidente y, al igual que Xitumul, enfrentó una serie de denuncias presentadas por los procesados.

Xitumul dijo que cree que funcionarios de alto rango, incluidos algunos miembros de la Corte Suprema, quieren retirar su inmunidad para castigarlo por perseguir la corrupción.

«Es una venganza», dijo Xitumul, además de «un mensaje a los jueces de alto riesgo por ser objetivos, imparciales e independientes».

Xitumul dijo que ha sido demandado más de 30 veces. Si pierde su inmunidad, hay una larga fila de personas que lo persiguen.