El representante del municipio de Comitancillo, suroeste departamento de San Marcos, destacó el gasto, tras el cambio de dirigencia, de “el dinero del pueblo en algo que no tiene ningún beneficio social, sino individual”.

A nombre de las autoridades originarias, reunidas ante el Ministerio Público (MP) en esta capital, agregó que es un desperdicio y consideró injusto que tengan apoyo en el contexto de toda la corrupción que generan en el país.

El miembro de la comunidad Mayan-Mam afirmó que la población debe ser muy crítica y estar alerta para no aceptar este tipo de gasto que está comprometiendo el Gobierno.

“Es sumamente preocupante. Invitamos a la población a seguir en esta lucha, en esta resistencia, porque la corrupción cada vez más quiere dejarnos completamente desnudos”, comentó.

Este jueves organizaciones ancestrales de Guatemala cumplen 88 días consecutivos de protestas pacíficas frente a la sede del MP exigiendo la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras.

Convocados por sus autoridades ancestrales, también exigen la renuncia de los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y del juez séptimo penal Freddy Orellana, a quienes acusan de atacar los resultados de las últimas elecciones.

Las declaraciones de López estuvieron acompañadas del acuerdo 320-2023, dado a conocer esta mañana, mediante el cual el presidente del país, Alejandro Giammattei, autorizó a los ex empleados a contar con seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC).

El texto, firmado también por el ministro del Interior, Byron René Bor, y María Consuelo Ramírez, secretaria general del Ejecutivo, precisa que las medidas se aplicarán por un período similar al que los llevó a asumir el cargo.

El acuerdo 71-2023, del 13 de abril de este año, fue revocado, “porque no incluía la protección a ex empleados que ocupaban cargos de Ministros de Estado y Secretarios de la Presidencia”, destacaron.

Los autores detallaron que si ya venció el plazo que permite la normativa para brindarles protección, el personal, equipos y vehículos que les sean asignados serán retirados por orden del director general de la PNC.

El diputado del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, calificó como un abuso utilizar recursos para brindar seguridad a funcionarios sin motivo alguno.

Juristas utilizaron las redes sociales para señalar que el acuerdo debe ser anulado, mientras varios usuarios afirmaron que esta podría ser la primera acción del presidente electo del país, Bernardo Arévalo.

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