El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado una alarmante preocupación por lo que considera un «continua erosión del estado de derecho en Guatemala».

Volker Türk señala que los funcionarios judiciales, incluidos aquellos que han trabajado o cooperado con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, continúan enfrentando actos de «intimidación, hostigamiento y criminalización».

“Es particularmente preocupante que se estén utilizando procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participaron en la investigación y juzgamiento de casos de corrupción. o graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”, dijo la Alta Comisionada.

Türk indicó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció el 28 de marzo, en el último de una serie de casos, que emprendería acciones legales contra el excomisionado de la CICIG Francisco Dall’Anese. en relación con su trabajo en la Comisión.

Según informes de prensa, las demandas del Ministerio Público contra el excomisario costarricense Dall’Anese son parte de la investigación denominada Fedecocagua (Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café) que también incluye al gerente de esta empresa, Ulrich Gurtner Kappeler.

El titular de la FECI, Rafael Curruchiche, solicitó orden de captura contra Kappeler por el delito de blanqueo de capitales. El fiscal afirma que el excomisario envió una nota al gerente de Fedecocagua, informándole que una investigación de la Comisión Internacional de Fedecocagua no había encontrado indicios de ilegalidad alguna.

Luego de doce años de actividad, la CICIG fue disuelta el 3 de septiembre de 2019. Durante su tiempo de operación y con el apoyo del Ministerio Público logró procesar a más de 1.500 personas, procesar a más de 660 y, hasta julio de 2019, obtuvo 400 condenas.

Preocupación por rechazo de candidaturas a elecciones generales

El Alto Comisionado extendió su preocupación a «candidatos presidenciales y vicepresidenciales de todo el espectro político, entre ellos Thelma Cabrera, Jordan Rodas y Roberto Arzú», cuyas candidaturas para las elecciones generales del 25 de junio fueron rechazadas por la Corte Electoral «por razones aparentemente arbitrarias». «. Las apelaciones de estos casos se presentan ante la Corte Suprema.

“El derecho a participar en los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser elegido, es un derecho humano reconocido internacionalmente. El Tribunal Constitucional, el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Electoral deben decidir con imparcialidad, con base en los hechos y de conformidad con la ley, sin restricciones ni influencias indebidas”, enfatizó Türk.

La Alta Comisionada instó a “las autoridades guatemaltecas a garantizar que los jueces y abogados puedan ejercer libremente sus funciones y sin temor a represalias. Un poder judicial independiente es vital para una sociedad democrática».