Uno de los objetivos de la denominada Ley Antibloqueo es reducir aún más los derechos laborales. Garantizar a los potenciales inversores mejores condiciones para explotar a los trabajadores con mayor facilidad.

Según esta ley, sus reglas prevalecen sobre leyes especiales, aunque son leyes orgánicas. De tal manera, también establece la posibilidad de no aplicar reglas. En este contexto, es posible la inaplicación de las normas de la Ley Orgánica del Trabajo, que afectarían el ejercicio de la libertad sindical, obstaculizando el trabajo sindical y prohibiendo las huelgas y otras formas de derechos exigibles. Todo lo relacionado con la contratación de personal puede pasar por un proceso de flexibilidad que no garantiza la estabilidad laboral.

En algunos de los llamadas Zonas Económicas Especiales, se establece que se puede establecer un régimen contratación de personal especial y extraordinario. Los miembros del sindicato conocen muy bien este lenguaje, lo que se traduce en contratos sin estabilidad y con pocos beneficios.

Nada bueno espera a los trabajadores en el país si las empresas estatales se privatizan con la retirada de las regulaciones que ahora protegen a los trabajadores. Aunque los hechos ya son oscuros, eso significaría seguir perdiendo reclamaciones.

El llamado gobierno «obrero» se ha convertido en una pesadilla para los trabajadores. Y para atraer inversionistas, buscará garantizar el menor costo en materia laboral.

La experiencia, de casi dos décadas, indica que para sus propósitos contará con algunos sindicalistas dictatoriales que saldrán a justificar las medidas antiobreras.

Incluso antes de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de 2014, guardaron silencio. Su artículo 56 establece que ningún interés particular, gremial, sindical, institucional de asociaciones o agrupaciones, o su reglamento, prevalecerá sobre el interés colectivo en la planificación y ejecución del equipamiento urbano y las acciones necesarias para cumplir con los fines de este Decreto con Título, Valor y Fuerza de Ley. Que las quejas o defensas de las organizaciones sindicales están sujetas a un llamado interés colectivo: el interés del Estado.

El secreto impuesto por la ley también afectará los derechos laborales. En particular en relación con los servicios públicos y las condiciones y el medio ambiente de trabajo.

La Ley Orgánica del Trabajo establece que “el beneficio neto mínimo que la empresa debe distribuir a sus trabajadores es el 15% de los beneficios netos que han obtenido al finalizar su ejercicio anual”. La Ley Antibloqueo servirá para justificar que las empresas no están obligadas a informar sobre la suma de los enriquecimientos la renta neta gravable y las exentas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que permite establecer esos beneficios netos de la empresa.

La ley, al prohibir la divulgación de alguna información sobre las medidas que se hayan adoptado en aplicación de la ley, afectará el ejercicio del control social por parte de los trabajadores. Y esto está directamente relacionado con las condiciones y el entorno laboral. Cómo asegurar, entre otros aspectos, que los trabajadores tienen derecho a participar en la vigilancia, mejora y control de las condiciones laborales y del medio ambiente, en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Esto implica conocer los planes que la empresa elabora al respecto y cómo implementarlos.

El movimiento sindical venezolano tiene el desafío de estar alerta, denunciar y oponerse a todo lo que se implementa en la Ley Antibloqueo y que deteriora derechos laborales ya deteriorados, además, que las condiciones laborales se agravan.

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