Nacionales

La hora de los alcaldes ha llegado

La lucha contra la corrupción en el país ya empezó a alcanzar a los jefes ediles que han utilizado el poder delegado en ellos para hacer negocios turbios y llenarse los bolsillos con dinero del Estado. A paso lento, pero seguro, la justicia avanza.


Pavel Arellano/ parellano@crónica.com.gt


El muro de impunidad que protegía al exalcalde de Chinautla, Édgar Arnoldo Medrano Menéndez, por fin se derrumbó y este fue condenado a nueve años de prisión por adjudicar los cobros del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) a una empresa privada vinculada a sus familiares. La sentencia sienta un importante precedente y envía un mensaje contundente a los exjefes ediles que enfrentan procesos penales por corrupción. Durante los 28 años que Medrano estuvo al frente de la comuna de Chinautla acumuló serias denuncias de corrupción, pero los casos no prosperaban. Pero ahora todo ha cambiado y fue enviado a la cárcel por los delitos de abuso de autoridad y concusión. Y aún tiene otros procesos penales abiertos por mal manejo de los recursos públicos.

La cruzada contra la corrupción que libra el país a todos los niveles del Estado está empezando a alcanzar al poder local y por ello es muy seguro que Medrano no será el único que verá el sol detrás de unas rejas. La hora de los alcaldes corruptos ha llegado. Y es que las comunas han sido, históricamente, un foco grande de opacidad en el manejo de los recursos económicos públicos y de corrupción. Se solicitó al Ministerio Público (MP) la cantidad de casos de corrupción edil que están bajo investigación y los que han sido llevados a tribunales, pero al cierre de la edición no habían enviado la información.

Sin embargo, el informe de auditoría del 2015, elaborado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y dado a conocer en el pasado mes de mayo, pone en evidencia la magnitud del problema. El documento mencionado da cuenta de que se practicó auditoría a 149 municipalidades, el 28.2 por ciento del total, y se encontró que en 1 mil 653 ocasiones se infringieron u omitieron normas jurídicas o procedimientos establecidos para desarrollar la función pública.

De esa cuenta se levantaron 28 informes de cargos y se presentaron 87 denuncias penales. Según la entidad fiscalizadora las municipalidades de Quetzaltenango; San Lorenzo, Suchitepéquez, San Pedro Ayampuc —en el departamento de Guatemala—; La Gomera, Escuintla; Pueblo Nuevo Tiquisate, fueron objeto de varias denuncias. La CGC también comprobó que el exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, erogó Q216 mil 565 del presupuesto municipal para promocionar al Partido Patriota (PP) y destinó Q388 mil 800 para anunciar obras que no eran de la Municipalidad. Por ello presentó una denuncia en el MP.

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Por el mismo camino

 

Poco antes de que la jueza Oly González, presidenta del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, emitiera su veredicto, le dijo a Medrano que su acción les causó daño a los vecinos y que la comunidad merecía una persona honesta y que él les había fallado. Más temprano que tarde, otros jefes ediles, que enfrentan procesos penales por corrupción, tendrán que sentarse frente a un juez y escuchar su fallo final. Julia Barrera, vocera del MP, menciona lo que considera son los casos de corrupción edil más relevantes que ya tienen un proceso penal abierto.

Entre ellos está el de Luis Alberto Barillas Vásquez, exalcalde de San Miguel Petapa, quien tiene un proceso penal abierto por peculado. Hecho ocurrido en un periodo comprendido del 5 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2009 y del 1 de octubre de 2012 al 10 de septiembre de 2013. A él se suma Ramón Soto García, quien fue exalcalde de la Democracia, Escuintla, y se le acusa de anomalías en la ejecución de cinco proyectos que autorizó el Concejo Municipal, pero que, según la auditoría de infraestructura de la Contraloría, esos proyectos no existen físicamente, ni documentos que respalden el pago de Q3.6 millones. También está Adolfo Vivar, exjefe edil de la Antigua Guatemala, quien actualmente está siendo procesado por los delitos de lavado de dinero, concusión, cohecho pasivo y asociación ilícita.

El pasado 29 de junio puso la voz en el cielo, debido a que un juzgado ordenó que seis inmuebles, valorados en unos Q18 millones, y una cuenta bancaria, con un saldo de 203 mil, pasaran a favor del Estado. Mientras que el Informe anual memoria de administración mayo 2015 -2016 del MP destaca que a mediados del año pasado se solicitó retirar la inmunidad al alcalde del Puerto de San José, Escuintla, por supuestos vínculos con una organización criminal dedicada al narcotráfico, de quienes habría recibido importantes cantidades de dinero en efectivo.

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Llamado de atención

Los alcaldes previamente mencionados tienen en común que utilizaron el poder que la ciudadanía delegó en ellos para enriquecerse y obtener beneficios personales y se olvidaron de trabajar por la población que confió y votó por ellos. Para Luis Linares, experto en temas municipales de la Asociación de Investigaciones y estudios Sociales, las múltiples capturas de alcaldes y la sentencia de Medrano, sientan un precedente importante en la lucha contra la corrupción. Era de los alcaldes que se consideraban intocables ya que al afianzarse con los partidos ganadores, recibía protección por parte de entidades centrales, lo que le daba una garantía de impunidad que le permitía realizar sus objetivos, comenta el analista al referirse al exalcalde de Chinautla. Acotó también que esto es un llamado para otros líderes que han hecho prácticas ilícitas y para los que siguen desempañando su labor, ven esto como una llamada de atención importante para que se laven las manos y paren todos los actos ilícitos que estén realizando.

Asimismo, Astrid Perdomo, experta en temas de transparencia de la Universidad Rafael Landívar, menciona que no hay diferencias entre la corrupción que se comente en el gobierno central y en el poder local. Corrupción no hay más o menos, la única diferencia que puede haber es el alcance de recursos que cada entidad puede tener. Otra diferencia es que, por lo general, en el gobierno central hay más fiscalización que en la departamental, lo cual se ve modificado con los recientes casos en los que la población se vuelve más atenta, agrega. Por último, aseguró que es importante que la ciudadanía fiscalice el trabajo que realizan los alcaldes. Los elementos que tenemos nosotros como ciudadanía son varios, empezando por el acceso a la información pública.

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