El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino, anunció este lunes que había decidido dejar sin efecto la orden de imputación y captura por los delitos de sedición y terrorismo contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

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La autoridad judicial precisó que la decisión fue tomada en la audiencia de Acción por la Libertad del primer Juez de Instrucción Penal, Román Castro.

En entrevista con Unitel, el presidente del TDJ de La Paz agregó que la medida se basó en que se violaron los derechos fundamentales de Evo Morales al citarlo en avisos públicos, sabiendo que vive en Argentina. Morales se encuentra en ese país sudamericano como asilo político tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.

De acuerdo con la explicación de Quino a Unitel, el juez tomó esta decisión porque la citación de las notificaciones fue procesada por el Ministerio Público sin cumplir con los trámites. «El juez advirtió del error de los fiscales y ya ha decidido anular la denuncia y la orden de captura», dijo.

Según el tribunal boliviano, la citación mediante notificación se hace cuando se desconoce el domicilio de la persona en el territorio nacional. Sin embargo, «en este caso se conoció que Morales estaba en Argentina».

Asimismo, el presidente del TDJ de La Paz manifestó que el cumplimiento de esta acción de libertad es obligatorio e inmediato.

Sin embargo, aclaró que la orden de aprehensión fue anulada, pero «las decisiones se remiten en un grado de revisión a la Corte Constitucional, y será esta instancia la que finalmente determinará si el juez lo hizo bien, correctamente (…) o no habría actuó de esa manera «.

El expresidente Evo Morales fue convocado a audiencia el martes 27 de octubre. Su defensa afirmó que Morales no había recibido ningún servicio. Por lo tanto, TDJ escuchó la solicitud de liberación de la defensa.

Al respecto, el abogado del expresidente, Wilfredo Chávez, informó que “su cliente solo fue liberado por un cargo de terrorismo (conocido como caso de audio), pero tiene más de una decena de juicios como parte de la persecución. judicial».

El caso en cuestión se basa en una denuncia presentada contra el expresidente por el ministro de gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo. La semana pasada, el ministro recibió un voto de censura de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, la presidenta de facto, Jeanine Áñez, lo reintegró pocos días después en el mismo cargo.