Rosario Robles sigue hundiéndose. Este fin de semana, un juez federal negó a dos ex colaboradores del exjefe de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la protección con la que querían que la Fiscalía General de la Nación (FGR) se viera obligada a aceptar 3 pruebas de defensa, en la investigación de una desviación de 124 millones de pesos en la Maestro estafador.

Los subordinados son Enrique Prado Ordóñez, Director de Adquisiciones y Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza González, Director General de Recursos Humanos, cargos que ocuparon en Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar.

El Juez Segundo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, Antonio González García, dictaminó que si bien los denunciantes tienen derecho a ofrecer pruebas, la FGR no está obligada a aceptarlas en su totalidad, pues su admisión depende de los requisitos y límites que marquen las leyes secundarias.

“La defensa adecuada a que se refiere el artículo 20 de la Constitución, en el apartado correspondiente, consiste en brindar al imputado la oportunidad de aportar prueba durante la etapa de instrucción, lo que no implica, como pretende el denunciante, que sin limitación alguna se disponga en de acuerdo con todas las pruebas que él o su defensor ofrezcan durante dicha etapa «, dice la sentencia del juez, según el diario. Reforma.

Prado Ordóñez y Zaragoza González presentaron como prueba copia de la Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el cual se aprueban las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sedesol.

También solicitaron a la Secretaría de Bienestar una copia certificada del documento indicado para que se compare con el que ofrecieron en copia simple.

La tercera prueba es la copia certificada del audio y video de la audiencia en la que Simón Pedro de León Mojarro, Ex coordinador de delegaciones de la Sedesol, no estuvo vinculado al proceso por este supuesto desvío de 124 millones de pesos.

La Fiscalía se negó a admitir esta prueba ya que, en el caso del Acuerdo, aseguró que es una norma que no está sujeta al ofrecimiento de prueba porque la FGR tendría la obligación de considerarla si es aplicable a su investigación. .

Respecto a la grabación, manifestó que Prado y Zaragoza no indicaron el número de la causa penal para solicitarlo a la autoridad judicial, ni mucho menos precisaron la relación jurídica que tiene el caso Simón Pedro de León con el expediente que se sigue en su contra. ellos.

El diario mexicano precisó que el 3 de abril de 2019 un juez de control negó vincular el proceso a León Mojarro, al estimar que no existían elementos que lo relacionen con una presunta contratación indebida de 124 millones de pesos que realizó Sedesol con el Universidad Intercultural del Estado de México.

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