Al final del informe que será presentado al Pleno Legislativo, destacó a Irma Palencia (expresidenta del órgano rector del sufragio), Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilera y Mynor Franco, quienes no tienen amparo ante la Corte Constitucional (CC) .

El presidente de la Comisión Investigadora, diputado Enrique Montaño (sindicalista), explicó que esta posición reflejada en el texto se tomó con tres votos a favor y dos en contra de los cinco integrantes.

Respecto a la decisión adoptada por los legisladores (también Douglas Rivero (FCN-Nación), Julio Longo (Elefante), Flavio Muñoz (Humanista) y Osmundo Ponce (URNG), precisó que cada uno se basó en los argumentos escuchados durante los 10 días. audiencia .

Destacó que su voto fue en contra de privar a las autoridades electorales del derecho a la instrucción previa al juicio, pues consideró que el análisis del caso se realizó en muy poco tiempo, lo que generó ciertos “vacíos legales”. Descartó que pudiera tomar posición si no tenía la información relevante, “esto fue apresurado”, “fueron muchos trámites que solicité y por el tiempo no me los pudieron facilitar”, afirmó Montaño .

“Siento que se pueden vulnerar los derechos de las personas”, afirmó el parlamentario, cuyo órgano escuchó el viernes pasado a los abogados Geovanny Fratti y Karen Fisher, quienes presentaron la denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Además, esta semana los magistrados involucrados, así como la empresa Datasys, contrataron para brindar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales.

Anteriormente, la CC protegió provisionalmente a la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y a sus suplentes Marlon Barahona, Álvaro Cordón y Antonio Cornejo.

Así, dejó sin efecto la instrucción previa al juicio en su contra, impulsada por el MP al vincularlos con supuestas irregularidades en la adquisición del sistema informático.

La CC señaló en su resolución que Alfaro rechazó en su momento la compra de este programa, mientras que los magistrados suplentes no participaron en el proceso de compra.

Actualmente, otros dos comités de investigación del Congreso están en funcionamiento; uno contra el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, y el siguiente contra el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado.

Una tarea pendiente, que deberá ser determinada mañana por los diputados, es la aprobación del Presupuesto del Estado para 2024.

Desde finales de octubre pasado cuenta con un dictamen favorable por 124.880 millones de quetzales (casi 16.000 millones de dólares), el más alto de la historia.

ef/rgh/znc