Por María Josefina Arce

El conflicto entre la controvertida fiscal general Consuelo Porras y el nuevo gobierno guatemalteco se ha ido agudizando en los últimos días, ante la falta de voluntad de la autoridad para colaborar y mantener una postura confrontativa con el presidente Bernardo Arévalo, quien ha dejado claro su compromiso de enfrentar la corrupción y impunidad que prevalece en el país centroamericano.

Recientemente, las autoridades presentaron una denuncia penal contra Porras y una solicitud para retirarle la inmunidad, por no responder al llamado de Arévalo para que participara en la reunión de gabinete del 29 de enero.

Porras se negó a intervenir en la reunión, a pesar de que era su obligación responder a los llamados del presidente para coordinar políticas de Estado en los temas a los que fue invitado.

Precisamente, resaltaron las autoridades, la intención expresada en la invitación fue trazar acciones para avanzar en el compromiso de combatir la corrupción y garantizar el respeto a los derechos humanos en la nación.

Ahora se espera que los tribunales nombren un fiscal especial para investigar la denuncia contra Porras, quien ha permanecido en el centro de la controversia desde que Arévalo y su partido Semilla ganaron sorprendentemente las elecciones generales en agosto pasado.

Es conocida la ofensiva llevada a cabo por el Ministerio Público, bajo su mando desde 2018, para impedir que Arévalo asuma el cargo de nuevo presidente de Guatemala el 14 de enero, lo que provocó numerosas manifestaciones.

De hecho, el presidente acusó al responsable, vinculado a la élite política y empresarial, de dar un golpe de Estado.

Porras no es bien visto en el país centroamericano. Está asociado a la persecución judicial desatada durante los últimos dos años contra defensores de derechos humanos, jueces, magistrados y periodistas.

En enero pasado, más de 140.000 firmas fueron entregadas a la Secretaría General de la Presidencia exigiendo la renuncia de la Fiscal General de la República, quien aún reiteró que no renunciará.

Una demanda similar, respaldada por 100 mil firmas, ya había sido presentada ante el Ministerio Público en junio de 2023.

Ya se barajan otras opciones para destituir a Porras de su cargo, acusado de atentar contra la democracia y defraudar a corruptos. Pero mientras tanto, el enfrentamiento entre el Fiscal General y el presidente Arévalo continúa.