El mandatario envió la carta de invitación al Ministerio Público (MP) amparado en el artículo 134 de la Constitución, que establece la coordinación del trabajo de la institución encargada de dirigir la Política General del Estado.

En relación a los aspectos calificados como cruciales, incluyó en primer lugar el “impulso de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Solicitó información sobre el avance de las causas penales investigadas por el MP en cumplimiento de las determinaciones de la CIDH, “en las que se declaró la responsabilidad del Estado por la denegación de justicia”.

El segundo tema está relacionado con “criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa” y requirió un análisis detallado de la política al respecto.

Otro tema es la “investigación sobre la compra de vacunas contra el Covid-19”, información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de las mismas en la modalidad de pago de sobornos con fondos del tesoro.

Además, agregó el jefe de Estado, la falta de planificación de una campaña de inmunización y los retrasos en la entrega del producto, violando así el derecho a la vida.

En el último, solicitó “protocolo de actuación sobre medidas cautelares a la CIDH”, detalles sobre la actuación del MP al recibir notificaciones de medidas cautelares dictadas para personas consideradas víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.

El documento del gobernador explica que con los elementos establecidos en el informe se darán instrucciones a los empleados de la Agencia Ejecutiva que colaboran con el sector de seguridad y justicia.

Arévalo, tras ganar las elecciones de 2023, denunció las investigaciones del diputado contra su partido, Movimiento Semilla, como punta de lanza de un golpe de Estado en curso, impulsado por el pacto corrupto en este país.

En distintas declaraciones confirmó que solicitaría la renuncia de Porras, algo que durante 106 días consecutivos las autoridades indígenas exigieron ante el Ministerio Público, sin lograr el objetivo.

El anterior presidente nacional, ALejandro Giammattei, expresó en varias ocasiones que la ley le impedía destituir a Porras del cargo, al igual que los demás parlamentarios.

La situación política generada en este territorio centroamericano -según analistas- fue resultado de acciones de órganos del Estado, principalmente el MP, que, con apariencia de legalidad, fueron contrarias al bien común.

Entidades que se sumaron a las protestas desde octubre pasado calificaron a la fiscal general y otros de sus subordinados como garantes de la impunidad en Guatemala.

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