El gobierno de Guatemala buscó el lunes el apoyo de la Corte Constitucional para el intento del presidente Bernardo Arévalo de destituir al principal fiscal del país, a quien acusa de conspirar para destituirlo.

Consuelo Porras, catalogada como corrupta y antidemocrática por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue nombrada por el predecesor de Arévalo y encabezó los esfuerzos para anular la victoria electoral del recién llegado.

Rechazó las reiteradas solicitudes de Arévalo para que presentara su renuncia.

Su mandato se extiende hasta mayo de 2026 y Arévalo no puede despedirla legalmente sin mostrar una causa justa según la ley.

El funcionario de la Presidencia, Juan Guerrero, dijo que el gobierno ha pedido ahora a la Corte Constitucional que determine «si Consuelo Porras cumple con el requisito de honorabilidad» para continuar en su cargo.

Guerrero dijo que el gobierno cree que no, porque “no está comprometido con la lucha contra la corrupción” y “consintió un intento de romper el orden constitucional” con su cruzada contra Arévalo.

El ex legislador, diplomático y sociólogo Arévalo, de 65 años, causó una gran sorpresa cuando surgió de la oscuridad para ganar las elecciones en agosto pasado, galvanizando a los votantes cansados ​​de la corrupción en una de las naciones más pobres de América Latina.

Asumió el cargo en enero, después de lo que llamó un intento de golpe de Estado llevado a cabo por representantes estrechamente alineados con la clase dominante política y económica del país.

Intentaron anular los resultados electorales y despojar a Arévalo, que goza de un fuerte apoyo de la comunidad internacional, de inmunidad procesal.

A su partido Semilla también se le suspendió el registro debido a acusaciones de fraude que muchos consideran inventadas.

El gobierno de Arévalo pidió en febrero a la Corte Suprema que revocara la inmunidad procesal de Porras por presunto incumplimiento del deber.

El tribunal aún no se ha pronunciado sobre este caso.

“Queremos dejar en claro que el gobierno continúa utilizando los mecanismos legales y políticos apropiados para reemplazar al fiscal general”, dijo Guerrero.

Porras fue sancionada en 2021 por Estados Unidos, que la agregó a una lista de personas “corruptas” y “antidemocráticas” con prohibición de ingresar a ese país.

En febrero, la Unión Europea también le impuso sanciones.

Porras, de 70 años, fue designado en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales y para un segundo mandato de cuatro años por su sucesor Alejandro Giammattei en 2022.

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