Política guatemalteca reúne a líderes indígenas mientras avanzan protestas contra impuestos
MADRID, 26 de octubre (EUROPA PRESS)-
Altos funcionarios de la Policía guatemalteca se reunieron con grupos de líderes indígenas para asegurar que las protestas contra la Inspección convocadas para los próximos días en varios puntos del país se desarrollaran de manera «pacífica».
La reunión, a la que también asistieron representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, se desarrolló a puerta cerrada. En la mesa estuvieron el subdirector de la Policía Nacional, Adal Rodríguez, el subdirector general de operaciones, David Boteo, el líder indígena de Sololá, Edgar Tuy, así como el presidente de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, entre otros.
El encuentro se produjo mientras la población sale a las calles para continuar protestando contra el objetivo de lograr una reducción del impuesto general del país, Consuelo Porras, el titular de la Autoridad Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy. Orellana, quien lo acusa de intentar revertir los resultados electorales de las elecciones de junio, que resultaron en la victoria del presidente electo, Bernardo Arévalo, y su Movimiento Semilla.
Durante el último día, cientos de personas salieron a la calle de Santa Cruz del Quiché, a unos 160 kilómetros de Ciudad de Guatemala, para protestar frente a la sede del Ministerio Público en el municipio, según información del diario ‘Prensa Libre’. .
Así, los manifestantes se concentraron en las principales calles de la región, mientras continuaron los bloqueos en la ruta Interamericana, donde el tránsito se vio afectado significativamente en la ruta Cito-Zarco, especialmente en cuatro departamentos.
La situación que atraviesa el país ha llevado a la comunidad internacional a expresar su preocupación y alertar sobre «intenciones flagrantes» de promover el proceso electoral y la democracia en Guatemala.
Expertos en Derechos Humanos de la ONU recomendaron a las autoridades guatemaltecas modernizar el sistema de justicia del país, documentando condiciones que podrían constituir delitos de malos tratos o tortura en un país con un alto nivel de corrupción.