Un galardonado periodista guatemalteco arrestado por presuntos cargos de lavado de dinero que los críticos del gobierno denunciaron como una táctica de presión ha enfrentado consecuencias por su trabajo anteriormente.

En 2003, agentes del gobierno allanaron la casa de José Rubén Zamora Marroquín y amenazaron su vida después de que él escribiera una columna en la que sugería que el ex dictador José Efraín Ríos Montt, entonces presidente del Congreso, tenía un gobierno en la sombra.

Cinco años después, hombres armados secuestraron a Zamora en la capital guatemalteca antes de liberarlo 10 horas después en las afueras de la ciudad, golpeado y drogado. Nadie fue arrestado, pero en ese momento se creía que era una respuesta al trabajo de su periódico.

El viernes, investigadores vestidos de civil y policías con fusiles de asalto arrestaron a Zamora en su domicilio. Su comparecencia inicial ante un juez fue cancelada el lunes porque aparentemente el expediente del caso no estaba disponible. La audiencia no se reprogramó de inmediato, lo que significa que Zamora permanecería en prisión.

También significó que los detalles de los cargos contra Zamora siguen siendo un misterio. El viernes, investigadores del gobierno también allanaron las oficinas de El Periódico, manteniendo a sus empleados allí por más de 15 horas.

Zamora fundó El Periódico en 1996 y rápidamente ganó reputación por descubrir la corrupción gubernamental. El diario filtró primicias sobre el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei y al menos tres de sus antecesores.

El año pasado y este año, El Periódico publicó una serie de investigaciones sobre la visita de empresarios rusos a Guatemala que se reunieron con Giammattei. La investigación del periódico acusó a Giammattei de aceptar sobornos a cambio de una concesión de propiedad en el puerto de Santo Tomás de Castilla.

La procuradora general Consuelo Porras, quien recientemente fue reelegida por Giammattei para otro mandato como máxima autoridad policial del país, fue sancionada por Estados Unidos por realizar investigaciones contra fiscales y jueces que investigaban casos de corrupción.

El lunes, las autoridades allanaron la casa de uno de esos objetivos anteriores, la ex jueza Erika Aifán, quien huyó a Estados Unidos tras denunciar corrupción.

El fiscal especial contra la corrupción de Porras, Rafael Curruchiche, que lleva el caso Zamora, también ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos como supuesto obstáculo a la investigación por corrupción.

Curruchiche dijo que el caso se centró en el trabajo de Zamora como empresario y no como periodista, pero no dio más detalles.

Esto fue difícil de conciliar para otros en El Periódico porque el gobierno congeló las cuentas bancarias del periódico.

“Cuentas bancarias fueron suspendidas a pedido del Ministerio Público, con la única intención de paralizar las finanzas del mencionado medio de comunicación, imposibilitando el cumplimiento de sus obligaciones laborales y contractuales”, dijo Gerson Ortiz, director del diario El Periódico.

El hijo de Zamora, Ramón Zamora, fue más directo. “Este no es un caso contra mi padre, es un ataque sistemático a la libertad de expresión y la democracia”, dijo. “Empezaron con activistas, siguieron con fiscales y ahora empiezan a perseguir a periodistas”.