La semana pasada, Earthworks, junto con más de sesenta organizaciones de todo el mundo, envió una carta a las autoridades guatemaltecas pidiendo el pleno respeto a la autodeterminación, costumbres y tradiciones de las comunidades Xinka y Maya Kaqchikel (parte del Pacto Pacífico de La Puya). Resistencia), así como también participan en la consulta ordenada por el Tribunal Constitucional sobre el futuro de una mina de oro de propiedad estadounidense. En marzo de 2024, La Puya celebró su duodécimo año defender el agua, la salud y el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

La carta expresa preocupación por las diversas formas en que el propietario del proyecto, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), podría presionar al gobierno guatemalteco para que incline la balanza del proceso de consulta a su favor. Las tácticas de presión de la compañía pueden incluir el uso del fallo pendiente en un caso de arbitraje internacional de alto riesgo iniciado por KCA después de que los tribunales guatemaltecos suspendieran el trabajo en su mina de oro en 2016. KCA presentó su demanda por más de 400 millones de dólares contra Guatemala en el arbitraje del Banco Mundial. tribunal, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

oh defensa legal del propio gobierno en el arbitraje internacional reconoce la legitimidad de la lucha de La Puya contra la mina Progreso VII derivada de KCA y se basó en la documentación y los estudios de La Puya para argumentar que la mina KCA no cumplía con los estándares guatemaltecos o internacionales y nunca debería haber sido autorizada para operar.

Instamos al gobierno a respetar la decisión de la Corte Constitucional, así como las costumbres, tradiciones y autodeterminación de las comunidades Maya Kaqchikel y Xinka al iniciar la fase de diseño del proceso de consulta. La carta también pide al gobierno que limite apropiadamente el papel de la KCA en el proceso de consulta a un rol de intercambio de información, en consonancia con el argumento del gobierno ante el panel de arbitraje y el fallo del Tribunal Constitucional.

Lea la carta en español aquí.