Cuando la vida en su país se volvió demasiado peligrosa, Natalia * se llevó a sus hijos y huyó. Logró cruzar a México por la frontera sur, pero una vez que llegó al país, no pudo mantenerse a sí misma ni a su familia.

Su historia es similar a la de muchas otras personas desesperadas que se dirigen a México, cada vez más visto como un país de tránsito y asilo: en 2014, 2,100 personas llegaron al país para solicitar la condición de refugiado; cinco años después, en 2019, ese número había aumentado a más de 70.000.

Las cifras disminuyeron en 2020 debido a que se impusieron restricciones de viaje como resultado de la COVID-19 La pandemia frenó la migración mundial, pero entre enero y noviembre de 2021, el país recibió más de 123.000 solicitudes de asilo de personas del Caribe, Centroamérica y Sudamérica (Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Chile, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Brasil y Colombia).

Natalia y sus hijos ahora cuentan con el apoyo de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), lo que les proporcionó un lugar seguro para vivir y ayuda psicológica. Muchos otros que se encuentran en una situación similar reciben apoyo con información vital y otro tipo de asistencia en albergues e instituciones que trabajan en conjunto con agencias de la ONU en México.

una acumulación en la frontera

A julio de 2021, el 70 por ciento de las solicitudes de asilo se concentraban en la ciudad fronteriza de Chiapas, que recibe vuelos diarios de personas expulsadas de Estados Unidos bajo la legislación del Título 42 (orden de salud pública emitida en marzo de 2020 por la administración Trump, que justifica las expulsiones por existir una enfermedad transmisible, a saber, COVID-19, en el país de origen del migrante).

Aquí, la estrecha coordinación de las agencias de la ONU con las autoridades mexicanas es un elemento importante para garantizar que las personas en tránsito puedan integrarse bien en las comunidades locales de acogida y prevenir la discriminación, la xenofobia y otras formas de rechazo.

* Nombre ficticio