Los Modelos de Prevención de Delitos son herramientas útiles para reducir el riesgo de que ocurran actos delictivos dentro de la institución. Su implementación está estrechamente vinculada a las áreas de cumplimiento, con foco en el ámbito penal.

En Guatemala, el principal objetivo de implementar un programa de esta naturaleza es evitar sanciones penales directas a la persona jurídica. Como hemos dicho en varias ocasiones, Artículo 38 del Código Penal guatemalteco sanciona a las personas jurídicas por omisión de control con resultados favorables. La sanción penal para una persona jurídica es una multa de US$10.000,00 para US$625.000,00, según su capacidad económica. En caso de reincidencia, se ordena la extinción definitiva de la personalidad jurídica.

Ante este tipo de sanciones, es necesario que las personas jurídicas demuestren interés en prevenir actos delictivos en los que eventualmente puedan participar sus empleados, ya que esto demuestra el debido control de sus actividades.

El interés efectivo en prevenir el incumplimiento se materializa en la implementación de programas de cumplimiento normativo, a través de los cuales se realizan acciones directas, materializadas en políticas y procedimientos, encaminadas al cumplimiento de la normativa vigente. Vale recordar que, en general, los programas de cumplimiento comienzan con la correcta aplicación de código de Ética creados para satisfacer las necesidades de la institución y se basan en los objetivos y valores que rigen la conducta de esa persona jurídica. A través de estos programas se visualizan los riesgos producidos por la actividad humana, los cuales probablemente sean reducidos a través de mecanismos de control efectivos, comunicando activamente y responsabilizando a los sujetos individuales que trabajan en la institución.

Ahora bien, concretamente el modelo de prevención del delito Se referirá a la vigilancia que se lleve a cabo para impedir la implementación de las prohibiciones descritas en la normativa penal. La ventaja de implementar este tipo de modelos es generar valor en aspectos éticos, lo que se traduce en obtener una imagen adecuada ante clientes y accionistas, demostrando que existen normas internas que promueven el cumplimiento normativo y previenen actos delictivos, mejorando así la transparencia en sus operaciones. En el ámbito económico, implementar este tipo de modelos evita costos de remediación, ya que la infracción y sus consecuencias legales son más costosas. En esta línea de ideas, creemos que un modelo de prevención de delitos es una buena herramienta para comenzar a implementar una cultura de cumplimiento al interior de la institución. Su ventaja es que la metodología está enfocada a la regulación penal, por lo que los riesgos a mitigar y delegar oportunamente son los más críticos.

Este modelo permitirá dar cumplimiento a la normativa penal, así como prevenir y detectar la comisión de delitos y otras infracciones. Es decir, acreditará internamente que no se omitió el control, y que el deber de diligencia se ejerció oportunamente, circunstancias que alejarán a la persona jurídica de una posible sanción penal.

Para cualquier negocio, el foco de este mapeo criminal se puede visualizar en las siguientes áreas de riesgo:

1. La prevención de riesgos laborales.
2. Prevenir la práctica del delito de blanqueo de capitales.
3. Protección de datos personales.
4. Protección ambiental.

Evidentemente, para lograr una correcta y completa implementación de una cultura de cumplimiento, será necesario continuar mapeando riesgos e implementando controles para lograr el cumplimiento efectivo de todas las regulaciones aplicables al sector empresarial.