Una de las figuras empresariales más importantes de Guatemala ha sido arrestada por evasión fiscal, mientras los escándalos de corrupción que han sacudido a la élite política del país parecen estar expandiéndose para abarcar a miembros prominentes del sector privado.
Carlos Enrique Monteros Castillo, propietario y presidente de la cadena hotelera Camino Real, fue detenido el 9 de julio en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala en relación con “fraude fiscal y fraude fiscal especial” relacionado con su empresa. informó la Fiscalía General. Responsable administrativo de Camino Real SA, José Humberto Jiménez Contreras fue detenido en su domicilio en Ciudad de Guatemala.
El 13 de julio, un juez ordenó Jiménez Contreras fue puesto bajo arresto domiciliario y le dio un mes al Ministerio Público para presentar el caso en su contra.
El propietario y representante legal de Camino Real, Monteros Castillo, fue arrestado al regresar de Estados Unidos y llevado a una celda de la corte.aquí permaneció por un breve período antes de trasladarse a un hospital privado por razones médicas, Prensa Libre informó.
Las acusaciones surgen de una investigación que comenzó en 2012, después de que La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó a los fiscales que las auditorías revelaron irregularidades en la empresa, la oficina del fiscal general dijo en un comunicado. Las autoridades alegan que los ejecutivos del hotel utilizaron un intermediario llamado Norman Tejeda, que gestionaba unas 70 empresas fantasma y “vendía recibos por un porcentaje para simular compras y evadir impuestos”..”
Monteros Castillo fue arrestado el sábado por la noche y hasta el martes el gobierno había recibido el equivalente a aproximadamente $5.9 millones en impuestos atrasados, intereses y multas. Prensa Libre informó. El último comunicado de la Fiscalía General sobre el caso no precisó si el dueño del hotel seguía en prisión o no.
Análisis InSight Crime
Este sonado caso de evasión fiscal sigue a una serie de escándalos de corrupción que involucran a los principales líderes políticos del país. Las acusaciones de corrupción presentadas por la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llevaron a la destitución y arresto del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Pérez Molina y Baldetti fueron acusados de ejecutar un plan de fraude aduanero masivo, cobrar sobornos de una empresa de gestión portuaria española y recibir casas de vacaciones y otros obsequios extravagantes de miembros de su gabinete, algunos de los cuales fueron comprados con fondos públicos robados.
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Al investigar los negocios del gobierno, los fiscales descubrieron que llegaron al poder bajo la bandera del Partido Patriota (PP) a través de un fraude financiero masivo de campaña que generó un caso denominado el Cooptación estatal.
“A la estructura criminal del PP le resultó fácil llegar al poder gracias a la financiación de todo tipo de empresarios”, según la CICIG.
Entre los acusados se encontraba el destacado banquero Flavio Montenegro Castillo, quien rápidamente renunció como gerente general del Banco G&T Continental. El banco se describe a sí mismo como el segundo grupo financiero más grande de Guatemala. En este caso también fue imputado el presidente de Banrural, Fernando Peña.
Poco después de conocerse el caso de cooptación, la fiscal general Thelma Aldana denunció haber recibido amenazas. Ha estado fuera de Guatemala durante las últimas tres semanas.
El hecho de que las autoridades estén apuntando a los peces gordos del sector privado, así como al gobierno, indica una voluntad de erradicar la corrupción profundamente arraigada, incluso entre los ricos y poderosos. La ausencia de Aldana podría ser un indicio de que esta batalla está lejos de estar ganada.
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