«Las irregularidades son tan obvias que la comunidad internacional expresa habitualmente su profunda preocupación»
GRAMOGuatemala rara vez está en el centro de atención internacional, por decir lo menos. Incluso en el apogeo de lo que la ONU llamó “actos de genocidio” perpetrados en la década de 1980 contra la población maya, Europa prestó poca atención al país más poblado de Centroamérica. Se ha prestado mucha más atención a Chile, por ejemplo, cuyos 50th El aniversario del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende se conmemorará el 11 de septiembre de 2023. En cuanto a Guatemala, no vienen fácilmente a la mente acontecimientos trágicos y nombres legendarios.
Hoy, el país vive un importante proceso electoral: presidencial, legislativo, municipal y centroamericano. La primera ronda tuvo lugar el 25 de junio y la segunda está prevista para el 20 de agosto. Como siempre en esta falsa democracia, la celebración de estas elecciones plantea problemas inherentes: reglas corruptas, candidaturas frustradas por parte de la clase dominante, registros electorales dudosos, participación irregular, campañas de compra de votos, recuento bajo presión, etc.
Además, este año se produjo la suspensión de los resultados de la primera vuelta, ordenada a principios de julio por el Tribunal Constitucional en respuesta a una petición de nueve partidos de derecha. Estos últimos estaban preocupados por el avance del candidato progresista Bernardo Arévalo a la segunda vuelta, lo que los tomó por sorpresa.
Estas elecciones generales son las 10th desde el retorno al gobierno civil en 1985. Marcadas por una volatilidad política sin precedentes, las nueve elecciones anteriores produjeron presidentes de nueve partidos diferentes, pero invariablemente contaron con el apoyo de algún sector de la oligarquía nacional o de las fuerzas armadas. Cada uno de ellos garantizó, con sólo unas pocas excepciones, la continuidad de las políticas nacionales conservadoras o ultraliberales y la falta de opciones de cambio, destruyendo así el significado verdaderamente democrático del “cambio” electoral.
exagerado
El “pacto de los corruptos” es como organizaciones cívicas guatemaltecas calificaron la connivencia de intereses económicos, políticos y militares al frente del “Estado saqueador”, complicidad que garantiza su propia impunidad mediante la depuración de las instituciones jurídicas. Las irregularidades son tan obvias, los vínculos con el crimen organizado son tan innegables, que la propia comunidad internacional ha expresado sistemáticamente su profunda preocupación. A cambio, el gobierno guatemalteco se superó en su afán de demostrar solidaridad con Washington, ya sea siendo el segundo país del mundo en trasladar su embajada a Jerusalén, o siendo el único país latinoamericano que envió a su presidente a Kiev para reafirmar su apoyo. .
Aún te queda el 42,76% de este artículo por leer. El resto es sólo para suscriptores.