Las recientes elecciones en Brasil y la Estados Unidos puede haber reforzado la impresión de que la democracia está viva y coleando en las Américas. Eso podría cambiar el próximo año en Guatemala, donde hay pocas esperanzas de que las elecciones de 2023 reviertan el declive de la democracia.
Esto marca un cambio completo desde 2015, cuando las protestas masivas y una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas conocida como CICIG llevaron al arresto del presidente y vicepresidente del país por corrupción. Sin embargo, durante los siguientes años, las élites políticas del país y algunas élites empresariales se juntaron y finalmente clausuraron la CICIG, así como el impulso que había generado el movimiento anticorrupción.
En los últimos dos años bajo la presidencia de Alejandro Giammattei, esta reacción ha cobrado impulso. Dos docenas de jueces y fiscales anticorrupción huyeron del país al exilio, y en noviembre un conocido juez, Miguel Ángel Gálvez, renunció en protesta, citando la falta de independencia judicial. Los periodistas fueron arrestados u obligados a huir al extranjero. Los defensores de los derechos humanos y los líderes de la sociedad civil son amenazados regularmente con juicios para mantenerlos callados. El ejecutivo, el Congreso y el sistema de justicia han sido cooptados casi en su totalidad por una alianza de politicos, ex militares y algunas élites empresariales. En otras palabras, los marcos anticorrupción que se establecieron, no solo por la CICIG, sino también aquellos creados con una democratización avanzada antes de la CICIG, fueron en gran parte desmantelados.
