CIUDAD DE GUATEMALA – Una migrante indígena acusada de secuestro y encarcelada en un pueblo fronterizo del norte de México regresó el domingo a su tierra natal de Guatemala como una mujer libre tras pasar más de siete años en prisión sin juicio.

Un tribunal mexicano ordenó el sábado la liberación inmediata de Juana Alonzo Santizo, de 35 años.

El tribunal dictaminó que no había pruebas consistentes en su contra, dijo Netzaí Sandoval, titular de la Defensoría Pública de México.

Sandoval, cuya oficina se encargó de defender a Alonzo en 2021, afirma que fue torturada y obligada a firmar una confesión que no entendió porque no hablaba español.

La mujer maya Chuj dejó su pueblo, San Mateo Ixtatán, en 2014 para migrar a Estados Unidos, dijo. Fue detenida por funcionarios de inmigración en Reynosa, una ciudad fronteriza mexicana frente a McAllen, Texas, y uno de los principales puntos de contrabando en el estado de Tamaulipas.

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Luego, la policía la acusó de secuestro y la metió en prisión, dijo Sandoval. Dijo que los cargos no se tradujeron a su idioma chuj hasta este año.

Nunca fue condenada, nunca juzgada y estuvo retenida todo este tiempo en «prisión preventiva».

Una campaña para defender su libertad fue apoyada por grupos nacionales e internacionales y por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y la fiscalía de Tamaulipas retiró los cargos en su contra.

“Es un caso totalmente aberrante”, dijo Sandoval. Todos sus derechos fueron violados porque “es mujer, es indígena, es migrante, es pobre y no habla español”.

Una emocionada Alonzo fue recibida por su familia en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala el domingo y cayó en los brazos de su padre y su tío. Sus familiares la ayudaron a cambiar de jeans a ropa tradicional de la región.

“Es fácil ir a prisión, pero es difícil salir de ella”, dijo Alonzo en un español entrecortado, que aprendió mientras estuvo en prisión.

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“No somos piedras, no somos cosas de plástico”. ella añadió.

Pedro Alonzo, un tío, dijo que emigró con la esperanza de ayudar a su familia.

“Su delito fue no saber hablar español. ¿Quién pagará esa cicatriz? el dice.

Según estadísticas del gobierno federal de México, el 43% de las personas recluidas en las cárceles del país no han sido condenadas ni sentenciadas.