Más de dos años después de que el tribunal ordenó una consulta con el pueblo indígena Xinka sobre el futuro de la mina de plata Escobal, el proceso aún no ha pasado de la primera fase. Las crisis políticas y constitucionales, así como las actividades de relaciones comunitarias en curso en Pan American Silver, representan un riesgo adicional para su continuación.

En 2018, la Corte Constitucional de Guatemala concluyó que el gobierno había discriminado al pueblo xinka y había violado su derecho a la consulta previa. El tribunal mantuvo la suspensión de la mina de plata Escobal, ahora propiedad de Pan American Silver, en espera de consultar con el pueblo xinka. También ordenó al Ministerio de Minas y Energía (MEM) realizar esta consulta de acuerdo con las tradiciones ancestrales Xinka y de acuerdo con los estándares internacionales.

Después de dos años de contratiempos, el Ministerio de Minas y Energía (MEM) ha aceptado recientemente a los 59 representantes xinka elegidos para participar en la consulta, el primer reconocimiento significativo por parte del gobierno de la legitimidad de la estructura tradicional de toma de decisiones xinka. Sin embargo, persisten serios obstáculos para el éxito del proceso. Según un nuevo informe: Avances en consulta con la mina Escobal ensombrecidos por la crisis constitucional en Guatemala, las crisis políticas y constitucionales, así como la continua injerencia local de la empresa, amenazan el espíritu, la integridad y la legalidad de la consulta.

En las últimas semanas, las protestas generalizadas contra la corrupción del gobierno han sacudido al país, y los ciudadanos han pedido la renuncia del presidente Alejandro Giammettei y miembros clave de su gabinete. La causa de la indignación ciudadana va desde la mala gestión de los fondos de ayuda del COVID-19 hasta la infiltración flagrante de grupos corruptos en las instituciones más importantes del país, incluida la Corte Suprema y la Corte Constitucional.

La erosión de la independencia judicial en Guatemala tiene serias implicaciones para el país en su conjunto, pero también específicamente para la consulta con los Xinka. El fallo de la Corte Constitucional de 2018 nombró al Tribunal Supremo como árbitro principal del caso. Sin una Corte Suprema independiente e imparcial, no existe un mecanismo de apoyo institucional para asegurar que se respeten los derechos de los xinka y que la consulta se lleve a cabo de acuerdo con los estándares internacionales. Como resultado, los Xinka enfrentan una batalla cuesta arriba mientras luchan por una consulta significativa y el derecho a determinar su propio futuro y el de la mina Escobal.

Para complicar aún más la situación están los programas comunitarios en curso de Pan American Silver, que el Parlamento Xinka denunció por violar la suspensión de la mina ordenada por el tribunal. Según el Parlamento Xinka, la empresa está utilizando la pandemia de COVID-19 para expandir su alcance a nivel comunitario, aumentando la tensión y el conflicto entre las comunidades que desean recibir ayuda de una empresa minera transnacional y las que no.

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