Una acción legal contra la elección de un líder anticorrupción en Guatemala ha sido calificada de «intento de golpe» por organismos internacionales.
Se espera que Bernardo Arévalo asuma la presidencia en enero, pero el viernes el Ministerio Público del país declaró nulo el resultado.
La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos condenaron la medida y pidieron una transición de poder.
Arévalo también describió las acciones del fiscal como un intento de golpe de Estado.
El hombre de 65 años, que lidera el partido Movimiento Semilla, obtuvo más del 60% de los votos, logrando un apoyo masivo con su promesa de limpiar la gobernancia en el país centroamericano.
Pero el resultado de las elecciones fue cuestionado repetidamente por sus oponentes políticos, quienes acusaron al partido del Sr. Arévalo de fraude electoral y de registrar indebidamente su organización ante las autoridades electorales.
Las acusaciones han sido rechazadas por el Sr. Arévalo, los observadores internacionales y sus partidarios, quienes a su vez acusan a los fiscales de tener motivaciones políticas.
El viernes, la fiscal Leonor Morales dijo que el resultado de las elecciones de agosto debería anularse porque se utilizaron formularios de votación incorrectos durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de junio.
Blanca Alfaro, jefa de la comisión electoral guatemalteca, respondió calificando el resultado de «inmutable» e insistió en que Arévalo prestaría juramento el próximo mes como estaba previsto.
La intervención del fiscal del viernes se produce tras intentos anteriores de suspender el partido del presidente electo, una medida ampliamente vista como un intento de impedirle asumir el cargo.
El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, calificó las acusaciones de fraude electoral como «falsas» y dijo que el anuncio del viernes fue «un intento de golpe de Estado, liderado por fiscales con motivaciones políticas».
Pidió una transición democrática del poder y anunció «medidas restrictivas específicas contra los responsables de estas acciones».
La Organización de Estados Americanos dijo que la intervención del fiscal era «típica de dictaduras y no de democracias».