CIUDAD DE GUATEMALA — La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha sido criticada y sancionada por países de todo el mundo por supuestamente obstruir investigaciones de corrupción y usar su poder para perseguir a opositores políticos, pero el país efectivamente está atrapado con ella, según un documento legal de análisis publicado el martes.

Desde la elección del presidente Bernardo Arévalo el año pasado, Porras ha perseguido a su partido Movimento Semente, alegando irregularidades en la forma en que reunió las firmas necesarias para establecerse. Sus investigadores allanaron las oficinas del partido, confiscaron y abrieron urnas e intentaron varias veces levantarle la inmunidad.

Arévalo dijo que Porras está protegiendo intereses poderosos y corruptos en Guatemala que temen su promesa de erradicar la corrupción. Pidió su dimisión.

Pero los legisladores guatemaltecos crearon una fiscal general intocable sin ningún mecanismo legal viable para destituirla, según el estudio de la Facultad de Derecho de Stanford y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional.

El único camino a Arévalo. uno de los que están en la mira de Porras – destituirla es por “causa justa debidamente establecida”, que desde las reformas de 2016 para acotar el proceso significa condena por un delito en el ejercicio de sus funciones.

Pero esto es imposible porque Porras controla los poderes de investigación y procesamiento penal de Guatemala. Su propio equipo tendría que iniciar y llevar a cabo la investigación bajo su supervisión. No hay forma de suspenderlo mientras se realiza una investigación.

Sería Porras quien designaría a cualquier fiscal especial, con facultad de destituirlo. Además, tiene inmunidad procesal que sólo puede ser eliminada por el Congreso. El mandato de Porras se extiende hasta mayo de 2026.

«Este conflicto de intereses inherente hace que el mecanismo de rendición de cuentas sea ineficaz», afirma el nuevo informe. El informe recomendó reformar la ley guatemalteca para que el fiscal general pueda rendir cuentas, algo que es poco probable que suceda pronto dado que el presidente no tiene mayoría en el Congreso.

Arévalo pidió su renuncia en enero al asumir el cargo, pero ella se negó. Porras asumió por primera vez fiscal general en 2018, con el apoyo del entonces presidente Jimmy Morales, y fue nominado para un segundo mandato por su sucesor, el presidente Alejandro Giammattei.

Devolvió la lucha contra la corrupción, que había logrado avances reales en Guatemala con el apoyo de una misión patrocinada por las Naciones Unidas, a los fiscales y jueces que la llevaron a cabo. Decenas de ellos huyeron al exilio.

La Fiscalía General no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe.

Pero después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyera a Porras en su informe anual de derechos humanos por la supuesta interferencia electoral de su oficina el lunes, la oficina de Porras publicó en la plataforma social X que «rechaza cualquier acción que intente infringir los derechos de los guatemaltecos». , y ataca la soberanía y autonomía institucional del país.»